El PNV y EA registraron ayer en la Cámara vasca una proposición no de ley, para la que piden el trámite de urgencia, con el fin de que el Parlamento recurra la Ley de Partidos ante el Constitucional. El tercer socio del Gobierno vasco, IU, se mantiene al margen de la iniciativa y entiende que debe ser el Ejecutivo quien presente el recurso para evitar que éste salga adelante con los votos de Batasuna. Por su parte, el delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, envió a la fiscalía varias declaraciones del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), por estimar que pueden ser constitutivas de delito.
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La propuesta de los dos partidos nacionalistas se remite al acuerdo contrario a la ilegalización de Batasuna adoptado en mayo por el Parlamento vasco, en el que se recogía que ésta afecta restrictivamente a derechos y libertades, como los de libertad ideológica, de expresión, de asociación y de participación ciudadana recogidos expresamente en la Constitución. El acuerdo pedía la paralización de la Ley de Partidos entonces en trámite y, en su caso, su revocación.
Acogiéndose a aquella decisión del pleno, PNV y EA proponen ahora que el Parlamento recurra la ley ante el Tribunal Constitucional por "discrepancias de carácter jurídico" en relación a los artículos 9 (que enumera las actividades por las que un partido puede ser ilegalizado), diversos apartados de los artículos 10 y 11 y las disposiciones adicionales primera y segunda. Esta última prohíbe presentarse a las elecciones a aquellas agrupaciones electorales que se puedan considerar herederas del partido ilegalizado. La iniciativa fue duramente descalificada por el PP, que la entiende como un elemento más de la "defensa apasionada" de Batasuna y de una "carrera loca" entre el PNV y EA por quedarse con sus votos.
Ambos partidos nacionalistas mostraron ayer mismo sus dudas, incluso sobre la admisión a trámite del recurso por el Constitucional, pero han adoptado la decisión para cumplir el requisito ineludible de agotar la jurisdicción nacional como modo de tener el paso abierto al Tribunal de Estrasburgo.
La iniciativa ha dividido a los socios del Gobierno vasco. Así, IU no la firma y se mantiene al margen de ella, aunque sus portavoces se declaran deseosos de alcanzar un acuerdo durante su debate. El coordinador general de esta formación, Gaspar Llamazares, anunció ayer en Santander que IU votará o no la propuesta nacionalista "en función de la aceptación o no de sus enmiendas" y de que quede claro que es un recurso "en defensa de libertades y derechos democráticos, que se hace en total confrontación con ETA y con cualquiera que no condene sus acciones terroristas".
Villar contra Azkarraga
IU estima que el recurso debe presentarlo el Ejecutivo vasco para evitar así que su aprobación parlamentaria lleve aparejado el probable estigma de contar con los votos favorables de Batasuna. Pero el Gabinete de Vitoria no ha querido romper su hábito, desde 1993, de no acudir al Constitucional como modo de cuestionar su independencia y neutralidad de éste para con los asuntos vascos.
No es la única diferencia de comportamiento entre los socios del Gobierno vasco en torno a la ilegalización de Batasuna, como lo ha dejado ver el abierto contraste entre la actuación de la consejería de Interior, dirigida por el peneuvista Javier Balza, cumpliendo las instrucciones del juez Garzón y prohibiendo las manifestaciones para este sábado en Bilbao y San Sebastián contra la suspensión de Batasuna, y las declaraciones del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA).
Varias de esas declaraciones fueron ayer enviadas a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el delegado del Gobierno, Enrique Villar. Villar estima que acusar de connivencia con el Ejecutivo a los jueces y considerar una ley respaldada por amplia mayoría del Congreso como un ataque a la democracia y las libertades fundamentales tiene un carácter injurioso para el Poder Judicial y el Gobierno y podría ser constitutivo de delito. "Azkarraga y su partido pueden manifestarse en apoyo de los cómplices del terrorismo, pero sus insultos y desprecios no merecen quedar impunes", dijo el delegado del Gobierno para justificar su iniciativa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de septiembre de 2002