En el periodo 1996- 2002, la caída media acumulada de los precios regulados de las tarifas eléctricas ha sido del 12,2% en términos nominales y del 26,7% en términos reales (deflactado el IPC). Las compañías eléctricas han dejado claro su malestar por lo que denominan el déficit tarifario, que, según su criterio, define la insuficiencia de los ingresos para cubrir los costes regulados reconocidos. Consideran que, con los precios subvencionados de la tarifa, la transferencia de eficiencia desde el sector eléctrico al resto de sectores productivos resulta excesiva.
La regulación obliga a las empresas generadoras a financiar el déficit de las actividades reguladas (distribución) por encima de las seis pesetas kilovatio / hora. Tal como lo presentan las compañías, las consecuencias de este mecanismo podrían 'desalentar nuevos proyectos, pero lo cierto es que, en el sector eléctrico, estamos asistiendo a un importante esfuerzo inversor del parque de generación', destaca un reciente estudio de Jordi Dolader, consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Los grandes consumidores insisten en que los precios del mercado abierto en España son superiores a los promedios comercializados entre Francia y Alemania, dos países interconectados que, pese a sus discutibles liberalizaciones, asignan mejor los recursos y cuentan con un sistema de formación de precios más racional.
Detrás de esta diferencia -que sólo se amortigua gracias a la tarifa- está el hecho de que España es una ínsula energética cuyo nivel de conexión con el mapa europeo apenas alcanza el 2% del consumo. (Francia y España ampliarán su interconexión a 4.000 megavatios antes de 2005).
Bruselas ha impuesto a los países de la UE una capacidad de interconexión del 10% (en la Cumbre de Barcelona). Y la industria intensiva en energía atisba por esta rendija el fin de la autarquía energética española y el primer paso hacia el mercado europeo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de septiembre de 2002