El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, se comprometió ayer a completar el desarrollo de todos los Estatutos de autonomía en el año y medio que resta de legislatura. Arenas, que compareció en el Senado para presentar su plan de actuación, evaluó en un 5% los traspasos pendientes y adelantó que las negociaciones con las comunidades se centrarán en la transferencia de los medios personales y materiales de la Justicia.
El ministro ilustró la 'profunda y extensa descentralización administrativa' con dos datos: frente a los actuales 563.989 empleados públicos estatales, las 17 comunidades autónomas cuentan con 1.101.999 trabajadores y los municipios con otros 447.995; frente al 47,03% de gasto público estatal, el autonómico y municipal asciende al 52,97%.
Interpelado por la senadora del PNV Elena Etxegoien, que anunció una próxima respuesta del Gobierno vasco al Ejecutivo central sobre su oferta de diálogo, Arenas precisó que el Gobierno no se opone a una reforma del Estatuto vasco para ampliar el autogobierno, que previsiblemente propondrá el lehendakari Juan José Ibarretxe a fines de mes, siempre que se haga 'por consenso y sin desbordar el marco constitucional'. No obstante, aclaró que 'el Estado de las autonomías no es un proceso sin final, no es un pozo sin fondo'.
Con este mismo argumento se opuso a la reclamación de 88 traspasos por parte de la Generalitat de Cataluña, que ayer reiteró el senador de CiU, Jordi Xucla. Arenas afirmó que a Cataluña sólo le quedan dos transferencias por completar y que lo que pretende CiU es la Administración única y exclusiva. 'El Estado no se irá de Cataluña. Se pongan como se pongan', dijo el ministro.
Arenas adelantó a la Cámara Alta otras cinco medidas que pretende cumplir hasta el final de legislatura:
- Leyes contra tránsfugas. Convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para el 25 de octubre, con el objetivo de reformar la legislación local para limitar el período en que se pueden presentar mociones de censura y regular de forma más estricta el tratamiento a los ediles que abandonan la lista por la que se presentaron.
- Reforma de la Administración periférica. Reforma de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) para redistribuir algunos de los cometidos atribuidos a delegados y subdelegados de Gobierno y abrir la posibilidad de que las comunidades uniprovinciales dispongan de subdelegados de Gobierno. También pretende facilitar convenios sobre las Oficinas de Extranjería de las Delegaciones de Gobierno en materia de obligaciones tributarias, seguridad social y antecedentes penales y que dispongan de cartas de servicios dirigidas a los ciudadanos.
- Comunidades y Unión Europea. Arenas rechaza una participación directa de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de la UE. Pero estima que tienen un margen con la participación activa en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, así como en las conferencias sectoriales. Aumento sustancial del número de comités de la UE abiertos a la participación autonómica, de 55 al centenar.
- Cooperación. El Gobierno ha aparcado la Ley de Cooperación, pero pretende favorecer la colaboración entre las comunidades con la creación de una Conferencia General de Cooperación en el ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas. También promoverá una mejora del funcionamiento de las conferencias sectoriales y se impulsarán las comisiones bilaterales de cooperación con la Administración del Estado.
- Ley de grandes ciudades. El Gobierno se compromete a presentar pronto un proyecto de ley de grandes ciudades, en el que se incluirían las especialidades aplicables a las mismas en materia de régimen local, régimen financiero, seguridad ciudadana y tráfico.
La manera de entender la cooperación autonómica por el Gobierno fue el eje crítico que eligió el senador socialista Javier Rojo en su réplica a Arenas. Rojo aseguró que el PSOE no apoyará ninguna ley de cooperación autonómica mientras el Gobierno no aborde una profunda reforma del Senado como Cámara territorial.
El senador de Izquierda Unida Manuel Cámara y la representante de Coalición Canaria, apoyaron la propuesta del senador socialista.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de septiembre de 2002