Una semana después de rechazar en solitario la propuesta de ley socialista contra la violencia de género, el PP aceptó ayer un acuerdo con la oposición para elaborar en conjunto una proposición legislativa contra los malos tratos a las mujeres. El texto o textos, que atenderán medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales, saldrán de una subcomisión parlamentaria en el plazo de cuatro meses. El acuerdo sustituyó a una moción de IU, que fue retirada.
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El "pacto de Estado" contra la violencia de género que figuraba en la moción de Izquierda Unida (IU) retirada, ha pasado a ser "acuerdo", y la propuesta socialista de "ley integral" se ha convertido en "abordaje integral o respuesta integral", aclaró Marisa Castro, portavoz de IU, que reconoció haber "dejado muchas plumas en el camino" para conseguir el consenso. Castro señaló que se trata de la primera vez en la historia que la Cámara firma un acuerdo de Estado por las mujeres. "Izquirda Unida", dijo, "no cabalga sobre el dolor de las mujeres y nos interesa avanzar porque hoy podíamos haber dejado al PP otra vez solo", añadió. Dirigiéndose al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, Castro señaló, parafraseando el diálogo de una película: "Espero que seas lo que quieres ser, porque si no, no encontrarás un agujero lo suficientemente profundo para esconderte de las mujeres".
8 de Marzo
A diferencia de otras subcomisiones parlamentarias, la que se forje para la violencia de género no tendrá solamente un carácter de estudio, sino ejecutivo, y por ello elaborará una propuesta de medidas legislativas, por consenso, en el plazo de cuatro meses a partir de hoy y descontando los periodos vacacionales. Los portavoces parlamentarios que explicaron ayer los puntos del acuerdo aludieron en varias ocasiones al 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, como fecha en que verá la luz la normativa, después de una fase de estudio en la que participarán los sectores relacionados con el tema: feminista, jurídico, sociolaboral y económico, en lo relacionado con una partida presupuestaria específica.
Maria Jesús Sainz, portavoz del PP, despejó las dudas que pudieran existir sobre el respeto del acuerdo por parte de su partido, afirmando que se ha llegado a él gracias a su grupo "que ya habló de consenso sobre propuestas legislativas si el PSOE retiraba su texto cuando el martes 10 de septiembre rechazó la proposición socialista", oferta que, recordó Sainz, ratificó al día siguiente el ministro Zaplana. "El debate del martes no debía haberse producido", dijo, "y tampoco hacer de la violencia doméstica un debate partidista". Todos los partidos que llegaron ayer al acuerdo, se esforzaron en aclarar su rechazo a la utilización partidista del problema de la violencia de género.
Los portavoces confían en que el acuerdo no será traicionado. "Vamos a ser muy exigentes", dijo Jesús Caldera, portavoz socialista. "Si en cuatro meses la mayoría de la Cámara no cumpliera, lo denunciaríamos y volveríamos a nuestra propuesta inicial". Su compañera de partido, Micaela Navarro, manifestó cierto pesimismo, por sus dudas hacia la eficacia de una subcomisión, "pero si se aborda el compromiso de votar la ley", dijo, "yo no voy a votar en contra". Navarro apuntó que sería beneficioso para agilizar el trabajo de la subcomisión que se tomara como documento de partida la propuesta socialista.
Por otra parte, el portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Asenjo, señaló ayer que le parecía "lógico" el pronunciamiento del juez e instructor del Tribunal Diocesano de Mérida-Badajoz, José Gago, sobre que los malos tratos no son causa de nulidad matrimonial. "Entre las causas de nulidad que establece el Derecho Canónico no figuran los malos tratos, por ser asunto sobrevenido tras la celebración del matrimonio". Asenjo aseguró que ese matrimonio "probablemente" sea válido, pero que los malos tratos ulteriores "no lo anulan".
Puntos para un consenso
El Congreso dio ayer un paso decisivo. Ahora, falta alcanzar un consenso eficaz y, para ello, habrá que contar con una partida presupuestaria, que será el capítulo más difícil de negociar. Las coincidencias entre los planes del Gobierno y las propuestas legislativas de PSOE e IU son un buen presagio. Los tres coinciden en que haya una dotación a las mujeres que dependen económicamente de su agresor, en darles facilidades para integrarse en el mundo laboral, y en que el agresor pierda la patria potestad sobre los hijos. También abogan por que se habiliten juzgados únicos que diriman sobre procedimiento civil (en caso de separación) y penal (en caso de agresión), hasta ahora separados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de septiembre de 2002