La escena fue ayer la misma en cientos de aduanas de Estados Unidos: a todos los iraquíes, iraníes, libios, sirios y sudaneses los apartaban de las filas de inmigración para hacerles fotos y tomarles las huellas digitales. El Gobierno de George W. Bush inauguraba así oficialmente la nueva política de fichaje a ciudadanos de países en la lista negra y, también, a todos los demás que encajen en el perfil de 'riesgo elevado'.
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Como los criterios para identificar a un sospechoso son ambiguos, en teoría son aplicables a todos los visitantes musulmanes o de países de Oriente Próximo y el sureste asiático donde exista terrorismo. Y Washington los piensa poner en práctica, según especifica la normativa al incluir a 'los extranjeros que no sean inmigrantes, pero que el Departamento de Estado crea que representan un elevado riesgo para la seguridad nacional'.
En esa categoría entran, por ejemplo, las personas de cualquier nacionalidad que no tengan una explicación 'creíble' para haber viajado a Cuba, Corea de Norte o algún país de África del Norte. La selección 'se hará de acuerdo a criterios de seguridad', asegura el secretario de Justicia, John Ashcroft, impulsor del paquete de medidas de protección de fronteras aprobado tras los atentados del 11 de septiembre.
Las palabras de Ashcroft, sin embargo, no ofrecen garantías a muchas organizaciones musulmanas en EE UU, y a algunas sedes diplomáticas en Washington de países afectados, que opinan que esos criterios se prestan a la discriminación por religión u origen. Los grupos de derechos civiles piensan además que el Gobierno ha aprovechado los atentados para crear un estado policial en las fronteras que, de paso, disuada a los musulmanes de visitar EE UU.
Ashcroft niega que así sea, señalando que el programa NSEERS (National Security Entry Exit Registration System) 'es el primer paso para el desarrollo de un sistema de control de entradas y salidas aplicable a todos los visitantes sin discriminación'. Es decir, el escrutinio se extenderá también a europeos y latinoamericanos.
Para los millones de extranjeros que anualmente visitan EE UU con el fin de estudiar, trabajar o hacer turismo, la Ley de Patria -en la que se recoge el paquete de medidas de protección de fronteras- va a significar asimismo un menor número de visados y una mayor vigilancia de movimientos durante su estancia en el país. El año pasado, EE UU concedió 4,2 millones de visados turísticos.
El nivel de discreccionalidad que la ley otorga a los agentes de aduanas es amplio. Una vez que decidan si el extranjero encaja en un perfil sospechoso, sus huellas y foto las comparan con las almacenadas en una amplia base de datos compilada por la CIA, el FBI y otras agencias federales.
El programa NSEERS requiere además que los fichados confirmen periódicamente dónde viven y qué hacen dentro de EE UU, e igualmente informen si tienen previsto salir del país. En un programa piloto similar llevado a cabo en los últimos seis meses, el Departamento de Inmigración y Naturalización (INS), a cargo de las fronteras, ha identificado un promedio semanal de 70 sospechosos de terrorismo u otros delitos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de octubre de 2002