El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, estimó ayer que es "dudosamente legal y éticamente inadmisible" la compatibilidad entre el cargo de diputado en la comisión de Infraestructuras y el de asesor de una inmobiliaria privada, o el de vocal en la comisión de Interior y asesor de una empresa privada de seguridad. Como el PSOE dio el visto bueno en la Comisión del Estatuto -en la que los socialistas están representados por Joan Marcet- a que los diputados del PP simultanearan su actividad política con su negocio empresarial, Caldera admitió ayer que su grupo parlamentario no estuvo en ese asunto "diligente".
La comisión del Estatuto del Diputado revisó el pasado día 16 de octubre las comunicaciones de 13 diputados, incluidas las dos de la polémica: López-Amor detalló que había sido nombrado miembro del consejo de administración de Inmobiliaria Chamartín, y Francisco Antonio González declaró que iba a asesorar a la empresa Seguridad España.
No hubo debate ni nadie puso objeción alguna en la comisión, pues el dictamen del letrado del Congreso, como es habitual, era favorable. El dictamen, también como siempre, recordaba a los diputados que no pueden "percibir honorarios" u otra remuneración del "sector público estatal" y que su tarea privada no puede "suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".
"Crucifixión pública"
El PP interpretó como "una decisión personal de Caldera, que deja en muy mal lugar a su diputado en esa comisión, la crucifixión pública de dos diputados populares a cambio de una portada en un periódico", pues fue El Mundo quien informó ayer de las peticiones de López-Amor y González.
El diputado popular Rafael Hernando aseguró que su grupo está dispuesto a "revisar" la Ley de Incompatibilidades para "eliminar cualquier sombra de duda" sobre las actividades de los parlamentarios. Después de este anuncio, subrayó que el PSOE "ha abierto este debate con un cinismo atroz". El problema es que la gran mayoría de los diputados ha comunicado diversas actividades a la Comisión del Estatuto del Diputado y sólo de forma muy excepcional ha habido rechazos, la última vez durante la anterior legislatura. Durante la presente, todos han recibido la bendición parlamentaria para sus actividades privadas.
Caldera, sin embargo, calificó de "dudosamente legal y éticamente absolutamente inadmisible" el caso de los dos parlamentarios populares, pues López-Amor es vocal de la comisión de Infraestructuras y fue ponente en la Ley del Suelo, y la empresa en la que iba a prestar servicios es inmobiliaria, y González forma parte de las comisiones de Defensa y de Justicia e Interior y la sociedad para la que pedía compatibilidad es de seguridad. Caldera subrayó sus críticas a la "confusión" entre lo público y lo privado que "promueve el PP".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de octubre de 2002