La juez de Washington encargada del caso Microsoft dio por válido y "útil para el público" el acuerdo que la compañía informática cerró hace un año con el Departamento de Justicia y los fiscales de 9 de los 18 estados que se sumaron a la demanda antimonopolio. Aunque esos fiscales podrían recurrir para buscar sanciones más estrictas, la juez desmonta sus argumentos al aceptar el acuerdo; con ello da casi por cerrado un proceso que parece interminable. Microsoft deberá desvelar parte del "código fuente" de Windows y se compromete a no premiar y castigar a los fabricantes.
La juez sólo alteró ligeramente algunas de las cláusulas del acuerdo extrajudicial. En perjuicio de la compañía, la juez aumenta el periodo de tiempo con el que la compañía de Bill Gates deberá comunicar y explicar a otras empresas las tecnologías que piensa incorporar a sus sistemas operativos. De ese modo, otros programadores podrán diseñar aplicaciones tan compatibles como las de Microsoft.
A cambio, la juez permite que las prácticas empresariales de Microsoft en los próximos cinco años no sean supervisadas por un comité independiente -lo cual sería casi una humillación- sino por miembros del consejo de dirección de la propia compañía.
"El tribunal está satisfecho de que las partes hayan llegado a un acuerdo que beneficia al interés público", dijo la juez en una decisión que prácticamente cierra las puertas a cualquier recurso. Los fiscales que se opusieron al acuerdo tienen la opción de recurrir pero los expertos creen que es prácticamente imposible que un tribunal de apelaciones enmiende una decisión que apoyan la mayoría de los fiscales de la oposición.
El propio Bill Gastes se dirigió a la prensa una hora después del fallo de la juez: "es duro pero justo". Fuentes de la compañía trasmitían una discreta sensación de alivio. "Estamos satisfechos", dijo la empresa en un comunicado. "El acuerdo es un compromiso duro pero justo. Impone requisitos significativos a Microsoft pero nos permite seguir innovando y creando productos que atiendan las necesidades de nuestros consumidores. Nos damos cuenta de que estaremos sometidos al escrutinio del Gobierno y de nuestros competidores, y dedicaremos todo el tiempo, la energía y los recursos a asegurar que cumplimos con nuestras responsabilidades", dice la nota.
"Están descorchando el champán", dijo anoche Rich Gray, un fiscal de California que participó en el proceso. California y Massachussets, con un buen número de empresas informáticas, son dos los estados que todavía se oponen al acuerdo.
La empresa ya había empezado a incorporar algunos aspectos del acuerdo en su política empresarial: Microsoft ya incluye un programa para desinstalar (o al menos desactivar) su programa de navegación de Internet. También permite desde hace meses que los fabricantes de ordenadores alteren la pantalla inicial de "Windows" e incluyan en ella accesos directos a programas de otras compañías.
Por parte del Departamento de Justicia, que impulsó el acuerdo desde la llegada de George W. Bush al poder, el fiscal general, John Ashcroft, aseguró anoche que la decisión judicial "es una gran victoria para los consumidores y las empresas que pueden beneficiarse inmediatamente de los términos del acuerdo".
Aunque el acuerdo se anunció justo al cierre de Wall Street, las acciones de la compañía subieron un 6% en las últimas operaciones.
En el acuerdo se establece que la empresa de Gates tendrá que facilitar algunos capítulos del "código fuente" de Windows (el lenguaje de programación) para que otras compañía puedan desarrollar programas -especialmente de Internet, audio y video- tan compatibles con el sistema operativo como los que fabrican ellos mismos. La compañía se compromete también a proporcionar un acceso equitativo a las tecnologías llamadas middleware, que básicamente facilitan la navegación por Internet, la mensajería instantánea y la reproducción de ficheros de audio y video en el sistema operativo Windows.
Se prohíbe a Microsoft tomar represalias contra compañías que usen otros productos diferentes a los de Gates o que desarrollen tecnologías capaces de competir en el futuro con las del gigante informático. Aunque parece una obviedad, esa práctica es la que está en el fondo de este proceso.
Según el texto, Gates no deberá cerrar acuerdos exclusivos si pueden dañar a empresas de la competencia y no podrá firmar contratos distintos con compañías similares en función de la "entrega" que demuestren a los productos de Microsoft.
En el pacto queda claro que los fabricantes de ordenadores y los consumidores podrán desinstalar con mayor facilidad productos de Microsoft contenidos en Windows. La compañía no podrá volver a exigir exclusividad en el software que los grandes fabricantes entregan con cada ordenador que se vende en las tiendas.
Para el consumidor, éste es quizá el único aspecto visible del acuerdo, especialmente si se tiene en cuenta que Windows está instalado en 9 de cada 10 ordenadores del mundo. De hecho, Microsoft ha incorporado ya a las últimas versiones del sistema operativo Windows XP (una revisión del original llamada SP1) una opción no especialmente sencilla que permite desinstalar algunas aplicaciones polémicas o establecer que ciertas tareas (navegación por Internet, correo electrónico, reproducción de audio y video, mensajería instantánea y aplicaciones en lenguaje Java) sean ejecutadas por programas fabricados por otras compañías.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 2 de noviembre de 2002