El Gobierno de Álvaro Uribe trató por todos los medios legales de evitar la puesta en libertad de Gilberto Rodríguez Orejuela, pero no lo logró. Poco después de las diez de la noche del jueves, hora local, el que fuera considerado el narcotraficante colombiano más importante del mundo caminó los 200 metros que lo separaban de la puerta del penal a un coche blindado donde esperaban sus guardaespaldas.
"Estoy bien, muy bien", fue lo único que dijo Gilberto Rodríguez Orejuela a la nube de periodistas que lo abordó. Nadie sabe dónde durmió. Su hermano Miguel seguirá en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, pues a última hora apareció una cuenta pendiente de cuatro años por intento de soborno a un juez.
Pese a que muchos consideran la liberación una vergüenza nacional, lo cierto es que se trató de una libertad anunciada: otro capo que sale de prisión tras cumplir una condena mínima, en este caso un poco más de siete años. Durante décadas, las leyes en este país las han manejado los grandes delincuentes. Los hermanos Ochoa del cartel de Medellín, varios lugartenientes de Pablo Escobar y de los hermanos Rodríguez Orejuela han sufrido condenas menores.
"El crimen organizado ha demostrado que las normas que de alguna manera ayudaron a fabricar produjeron los efectos que esperaban", dice el editorial de El Tiempo.
EE UU calificó de "desafortunada" la excarcelación. Se da por hecho que la justicia estadounidense seguirá buscando una prueba que le permita realizar su sueño de tener a los jefes del poderoso cartel de Cali en una de sus cárceles. No será fácil. La extradición, eliminada en la Constitución de l991, fue revivida en el Congreso en l997, pero sin retroactividad. En ese momento los hermanos Rodríguez ya estaban en prisión; por tanto, se debe demostrar que continuaron delinquiendo en cautiverio.
Gilberto, al igual que su hermano Miguel, reconoció en el juicio delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, falsedad y tenencia de armas. Cuando se enfrentaba a la justicia, este hombre de 62 años siempre aparecía serio, impecablemente vestido y rodeado de policías y guardaespaldas. A Rodríguez lo llaman el ajedrecista por su habilidad para mover las fichas del negocio de la cocaína y por ser un maestro en el soborno y la infiltración. Esto último quedó en evidencia en el más grande narcoescándalo que ha vivido Colombia y que salpicó a la clase política y al presidente Ernesto Samper entre l994 y 1998. En la calle, al mayor de los Rodríguez Orejuela le esperan nuevos peligros. Las cuentas por la guerra con el cartel de Medellín y las rencillas entre las mafias no están saldadas.
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Un fiscal general con sombras
'Colombia no puede alegar de forma creíble que avanza en la protección de los derechos humanos, si el fiscal general no está haciendo su trabajo', asegura José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas, al presentar ayer un informe sobre la gestión de esta entidad. El informe de 14 páginas es una dura crítica de la gestión de Luis Camilo Osorio, que asumió el cargo en julio de 2001. Vivanco aseguró que el informe no es contra Osorio, pero insistió en que el fiscal 'socavó severamente' la capacidad de su oficina para investigar a militares y paramilitares acusados de violar derechos humanos. La organización internacional cita varios casos que involucran a militares, entre ellos el del general Rito Alejo del Río y el del general Rodrigo Quiñónez, implicado en la muerte de 40 campesinos en Chengue, Sucre. El primero está libre; el proceso del segundo se encuentra estancado. En los l5 meses de Osorio en la fiscalía, al menos nueve fiscales e investigadores han sido destituidos y cinco han sido asesinados. Además, dice el informe, los funcionarios condenados a muerte por los paramilitares, no han recibido protección. El informe pide al presidente Álvaro Uribe -quien 'heredó el problema', como aseguró Vivanco- medidas urgentes para solucionar el problema y sugiere que Estados Unidos debería suspender la asistencia a la fiscalía. 'Se concedió para fortalecer las investigaciones. En ausencia de voluntad política para llevarlas adelante, será imposible que el desempeño de la institución mejore con dinero, entrenamiento o equipo'.Asegura también que Estados Unidos debe instar al presidente Uribe a suspender a los oficiales 'acusados creíblemente' de haber cometido violaciones de derechos humanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de noviembre de 2002