El informe oficial del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España, al que ha tenido acceso este periódico, revela la existencia de 163 cuentas opacas en el HSBC España (25 de ellas no se investigaron porque estaban canceladas al abrir la investigación), que movieron en siete años de existencia 103 millones de euros en 53.000 operaciones distintas. Tras la investigación del Servicio de Blanqueo, que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, sólo se ha identificado a 12 titulares. En siete de esas cuentas cifradas, según la investigación, se registraron operaciones millonarias entre una sociedad holandesa con sede en Rotterdam, un club de fútbol español y un jugador.
El Ministerio de Economía se negó hace unos días a facilitar la información pedida por el grupo parlamentario de IU sobre el informe oficial de las cuentas opacas del HSBC alegando 'el carácter reservado del mismo'. El propio ministro Rodrigo Rato negó información al PSOE en una respuesta parlamentaria asegurando que la ley le prohibía darla.
El informe sobre las cuentas opacas, en poder de este periódico, concluye que la sucursal suiza del HSBC, supuesta titular de las 163 cuentas abiertas en la sucursal madrileña del HSBC (sólo 138 siguen activas)'ha extremado su diligencia para dificultar que las partidas de aportaciones [ingresos] y desaportaciones [retiradas de fondos] a los contratos fueran susceptibles de seguimiento que permitieran determinar su origen o destino final'.
Pese a estos obstáculos, el informe logra reconstruir las operaciones de una sociedad holandesa con el nombre de una comunidad autónoma española y una capital europea que trabajó con siete cuentas cifradas. Los fondos ingresados por esa sociedad (490 millones de pesetas, casi tres millones de euros) procedían de un club de fútbol español y de los derechos de imagen de una televisión autonómica. De esas cantidades, se devolvieron a un futbolista español 37,8 millones de pesetas el 15 de diciembre de 1998. Los inspectores no sacan ninguna conclusión de esta operación.
Otros movimientos
Otros movimientos de cuentas se refieren a una sociedad limitada con sede en Madrid, una inmobiliaria registrada en Madeira, varias empresas extranjeras con negocios en España y algunos ciudadanos particulares españoles.
El Servicio de Blanqueo de Capitales inició su investigación en noviembre de 2001, algunos meses después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores interviniera Gescartera, la agencia que estafó a 1.800 clientes unos 93 millones de euros. Gescartera usó como banco de cabecera durante sus nueve años de existencia el HSBC. En la investigación de la Comisión de Blanqueo sobre las cuentas opacas no aparecen rastros de Gescartera.
La Comisión de Blanqueo descarta que las cuentas cifradas fueran propiedad de la sucursal suiza del HSBC: 'No se encuentra ninguna explicación razonable al hecho de que un mismo titular [el HSBC suizo] formalizara 138 contratos de gestión y administración de valores inmobiliarios con el HSBC España si no es para operar por cuenta de terceros' [clientes].
La investigación comprobó que cuatro de los principales contratos de las 138 cuentas opacas permitieron invertir en valores como Telefónica, BSCH, Mercedes, Telecom, Total Fina, Credit Suisse, Peugeot y diversos fondos de inversión. Las cuentas, en general, se utilizaban para invertir en renta fija y renta variable. Y había tres tipos de relación entre el cliente y el banco: la entidad tenía plena libertad para invertir, asesoraba o se limitaba a ejecutar las operaciones ordenadas por el titular de la cuenta.
En el informe oficial, que va a desencadenar una sanción de dos millones de euros al HSBC (un 2% del dinero que movió a través de esas cuentas), según han confirmado fuentes del ministerio del Economía, se relata como el HSBC España preguntó en 2000 al HSBC suizo por la legalidad de las cuentas cifradas.
La contestación de la sucursal suiza fue que actuaba en nombre de clientes, que cada cuenta correspondía a un único cliente y que no podía identificarlos ante terceros amparándose en la legislación suiza.
El informe resalta que en España la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a identificar a los clientes en el momento de entablar relaciones de negocio, 'así como de cuantas personas pretendan efectuar cualesquiera operaciones, salvo las entidades de crédito y entidades financieras'.
A raíz de la intervención de Gescartera, en junio de 2001, se produjo un vaciamiento de las cuentas cifradas. En seis meses, hasta diciembre pasado cuando se quedaron sin fondos, se sacaron cerca de 30 millones de euros.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002