La coalición opositora venezolana amplió su presión sobre Hugo Chávez y llama a la desobediencia tributaria: no pagar el IVA y no declarar el impuesto sobre la renta, entre otras medidas. El jefe del Sistema Nacional Aduanero y Tributario, Trino Alcides Díaz, amenaza con sanciones. Se trata de agravar el cerco financiero sobre Chávez y acentuar una huelga, sobre todo petrolera, que entró en su quinta semana sin solución negociada a la vista.
Mientras, la policía detuvo al general de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, uno de los oficiales rebeldes que desde el 22 de octubre ocupan la Plaza de Altamira de Caracas. Chávez dijo que no tomaría medidas contra esos oficiales siempre que no saliesen de la la plaza que ocupan. Pero Alfonso Martínez fue hallado muy lejos de la Plaza de Altamira, cuando participaba en una manifestación de apoyo a los militares que han anunciado que no intervendrán contra las marchas organizadas por la oposición.
El general insurrecto, que estuvo al frente de la IV división blindada, fue llevado a la sede de la policía política, para su posterior traslado a la Dirección de Inteligencia Militar.
La oposición "da un paso al frente" al no reconocer "los actos de un gobierno autoritario que desconoce sus derechos", declaró Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La desobediencia invoca el artículo 350 de la Constitución, un comodín sujeto a diferentes interpretaciones, y probablemente no modificará la ofensiva gubernamental para reventar la huelga y arrebatar bazas negociadoras a la oposición. No obstante, aumenta la sensación de desgobierno y la presión ejercida por las movilizaciones callejeras y la inmovilización de Petróleos de Venezuela (PVDSA), segunda del mundo en tamaño.
La batalla por el control de PVDSA prosigue en todos los frentes. De su recuperación o definitivo colapso depende el curso de la mesa de negociación presidida por César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Algunas de sus operaciones han sido normalizadas por los técnicos u operarios de las refinerías y puertos contrarios al paro político, protegidos por la militarizada Guardia Nacional y soldados. Las principales instalaciones del monopolio público continúan bloqueadas y la reputación de Venezuela como suministrador seguro de crudo sufrió un duro golpe.
Jesús Torrealba, uno de los portavoces de la Coordinadora Democrática, que agrupa a los partidos y organizaciones sociales de oposición, manifestó que la desobediencia civil, que ignorará también a las autoridades y actos administrativos emanados del ejecutivo, se mantendrá hasta el 2 de febrero. Ese día está convocado un referéndum consultivo sobre el mandato de Chávez, cuyo formato rechaza el Gobierno.
"En lo que queda de diciembre y en las primeras semanas de enero vamos a reconducir toda la energía del movimiento social (...) al llamado de desobediencia civil generalizada". Para Juan González Velasco, uno de los portavoces de los empresarios en huelga política, existe, de hecho, una desobediencia tributaria". La mayoría de los comercios (aquellos que siguen la protesta) no han pagado los impuestos porque están en paro". Los efectos de la huelga son ya cuantiosos. Venezuela ha perdido casi 1.500 millones de dólares por la caída de la exportación de crudo y la economía sufrirá un nuevo retroceso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 31 de diciembre de 2002