Los sindicatos anunciaron ayer "numerosas" movilizaciones tras negarse el Gobierno a restituir el derecho al subsidio agrario del Plan de Empleo Rural (PER) en la reunión que mantuvieron anoche con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Los líderes de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, precisarán hoy en Mérida más detalles del calendario de movilizaciones. Zaplana aseguró que las protestas no influirán en la decisión final del Ejecutivo.
Tras más de tres horas de reunión, que comenzó 30 minutos más tarde del horario previsto al llegar el ministro con retraso, el enfrentamiento entre Gobierno y sindicatos sigue en pie. Éstos acudieron a la reunión, a la que también asistieron los secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Chozas y Gerardo Camps, con la única intención de que el ministro les anunciara la restitución del subsidio agrario y, a partir de ahí, negociar una nueva fórmula. No hubo tal restitución y se rompió la baraja. Los sindicatos adelantaron que llevarán a cabo movilizaciones, cuyo calendario, que incluirá con seguridad una huelga en el medio rural de Andalucía y Extremadura, culminará el 1 de Mayo.
Los sindicatos dejaron las explicaciones para hoy. Se limitaron a decir que "España no está en situación de recortar derechos laborales" y a subrayar que no piensan aceptar precariedad en el empleo. El ministro, que no tenía previsto hacer declaraciones, accedió al final a comentar a los periodistas que el Gobierno ha realizado "un movimiento muy importante" respecto a su posición inicial. Zaplana también criticó la "inflexibilidad" de los sindicatos y que las movilizaciones anunciadas por éstos "no influirán en la decisión final".
Según fuentes ministeriales, la propuesta de Zaplana consiste en ofrecer una nueva fórmula de subsidio si los trabajadores aceptan los empleos ofrecidos por el Inem o a buscar trabajo. Sin embargo, no aceptó restituir el PER en los términos anteriores al decretazo.
La reforma del subsidio agrario (Plan de Empleo Rural) es el único aspecto que quedó vigente del retirado decreto de reforma de protección de empleo que aprobó el Gobierno el 27 de mayo de 2002, conocido como el decretazo. Ese proyecto le costó al Gobierno la huelga general del 20 de junio del pasado año, tras la que dio marcha atrás y lo retiró excepto la supresión del subsidio agrario. Los recortes sociales a los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura donde se percibe ese subsidio son muy sustanciales en el decreto y, de hecho, llevaban a su desaparición en los términos actuales. Son alrededor de 230.000 personas las afectadas: 200.000 en Andalucía y 30.000 en Extremadura.
Los sindicatos no encuentran razones económicas para que el Gobierno elimine a medio plazo este sistema de prestaciones. Al presentar el decretazo, Trabajo hizo especial hincapié en que la extinción del subsidio no iba "a afectar al gasto público". Pero, a continuación, en el primer documento expuso razones que apuntaban a un exceso de gasto ("el número de perceptores ha crecido en más de 65.000 personas entre 1984 y 2001"). Y sobre todo, recalcaba que el sistema "frena toda iniciativa personal y empresarial, creando una cultura de subsidio que impide un desarrollo competitivo".
Sin embargo, sí prevé reducir el gasto. En 2002 había previsto 985 millones de euros para el subsidio, este año habrá 925, un descenso del 6,2%.Según los sindicatos, más de 15.000 jornaleros que han echado en estos siete últimos meses las 35 peonadas que se exigen para cobrar el subsidio no podrán acceder a esta prestación por haber quedado fuera del sistema. Con la reforma, el Ejecutivo expulsa del sistema a todos los jornaleros que no demuestren haberlo cobrado en alguno de los tres últimos años.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de enero de 2003