El delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, no acudirá probablemente a la comisión de investigación sobre el Prestige en el Parlamento gallego. En principio, el delegado estaba citado para comparecer en la cámara autonómica mañana viernes, pero tanto el Partido Popular, cuyo Comité Ejecutivo Nacional discutió el asunto el martes, como el propio Gobierno mantienen que el Parlamento gallego no tiene competencias para citar a un miembro del Ejecutivo, y el delegado lo es. Durante la reunión del máximo órgano entre congresos del PP varios dirigentes populares pidieron la palabra para subrayar que ningún representante del Ejecutivo debía acudir a una comisión de investigación de un parlamento autonómico porque va más allá de las competencias de esa cámara.
Esta opinión de que no debía acudir a la comisión de investigación ningún miembro del Gobierno fue sostenida también por el PP gallego cuando se votaron las comparecencias para ver quién debía acudir a la investigación. Pero se hizo una excepción con el delegado, Fernández de Mesa.
De hecho, el secretario general del PP gallego, Xesús Palmou, aseguró anoche que el delegado del Gobierno estaba convocado para comparecer en la comisión de investigación y que se le mandó la citación. "No ha llegado ningún escrito diciendo que no vaya a venir", contestó lacónico. Palmou respondió a este periódico en estos términos: "En este momento yo no sé si comparecerá o no, pero en la reunión del pasado día 2, cuando la comisión fijó el calendario de comparecencias, su nombre estaba incluido, y lo que sí puedo asegurar es que el delegado ha sido citado".
Fuentes del Gobierno, sin embargo, destacaron que es más que improbable que Fernández de Mesa acuda a la cámara autonómica gallega. Dicen ahora que ésta no tiene competencias para ello, a pesar de que era una cita apoyada por los votos del PP gallego.
La comisión encargada de investigar las circunstancias y consecuencias del hundimiento del Prestige iniciará sus sesiones mañana viernes. La oposición ha criticado que los trabajos comienzan sin que los diputados hayan recibido la información solicitada al Ejecutivo, que tiene de plazo hasta el día 20 de este mes para entregársela.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de enero de 2003