La operación que ha concluido con el cierre cautelar del diario Euskaldunon Egunkaria se inició en junio de 2001, cuando el juez Juan del Olmo abrió un procedimiento basándose en un informe elaborado el 6 de junio de 2001 por la Jefatura del Servicio de Información de la Dirección General de la Guardia Civil "sobre la presunta vinculación de un entramado empresarial con la financiación de la banda terrorista ETA".
El informe en cuestión, que había sido remitido a la Fiscalía de la Audiencia, fue, a través de ese conducto, presentado ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional.
En la metodología y motivación del informe se señalaba que se abordaba "la financiación terrorista desde la perspectiva de las investigaciones de blanqueo de capitales". Así, los investigadores determinaron el tipo de estructura empresarial que requiere una organización terrorista como ETA y, de acuerdo con esos condicionantes, buscaron empresas que cumpliendo los requisitos tuvieran una operativa anómala y de las que pudiera inferirse que su finalidad es distinta a la meramente mercantil. Después se buscaron los verdaderos objetivos de estas sociedades y sus vinculaciones con "hechos, personas u organizaciones relacionadas con la actividad terrorista".
"Extrañas convivencias"
Las investigaciones arrojaron como resultado que existía "un entramado de empresas con una enorme vinculación interna". La más importante proviene del accionariado y de que el entramado cuenta con las mismas personas en los órganos de dirección y presentan extrañas convivencias en los mismos domicilios sociales sin aparente razón de tipo mercantil o comercial.
Además, las sociedades realizan actividades anormales de carácter mercantil con otras empresas o entidades, con la que aparentemente no tienen vinculación, y en ocasiones ceden beneficios o capacidad de gestión sin contraprestaciones aparentes.
El informe señalaba que la dirección única del entramado, apoyándose en unas sociedades con una enorme capacidad de captar dinero en efectivo, por dedicarse gran parte de ellas a la venta al por menor, habían estructurado las empresas financieramente de manera que pudieran garantizar el libre movimiento de capitales entre ellas, ocultándolo a la Administración y disponiéndolo de tal forma que la posibilidad de un embargo de bienes fuera mínima.
Agregaba el informe que las vinculaciones con ETA y la izquierda abertzale, unido a la administración irregular de las sociedades investigadas, permitía deducir la existencia de "un cuadro típico de financiación de ETA".
Por ello, los agentes que elaboraron el informe, reconociendo que habían llegado al límite de sus posibilidades de investigación con gestiones meramente policiales, reclamaban la intervención de la autoridad judicial para dirigir la investigación y proporcionar los mandamientos judiciales que se requirieran para aclarar la existencia de financiación y blanqueo de capitales por parte de ETA, a través del entramado mencionado.
El informe hacía una escasa referencia a Euskaldunon Egunkaria, y a la empresa Egunkaria SA, que lo edita. Precisaba que compartía con Plazagunea SA domicilio social y personas en los respectivos consejos de administración.
Y añadía que de la documentación intervenida a Carlos Almorza, Pedrito de Andoain, jefe del aparato del impuesto revolucionario de ETA, hasta su detención en Francia, se desprendía que "un organismo denominado C.R., cuya función es 'fortalecer y afianzar las relaciones exteriores', del que se ignora su significado, pero vinculado tanto a Ekin como a Askapena, Herri Batasuna, ASK y al desaparecido HASI, se va a servir de Euskaldunon Egunkaria para editar una publicación propia".
Proyecto Udaletxe
Entre las conclusiones del informe se señalaba que la organización utilizaba numerosos procedimientos irregulares, entre las que figuran abundantes inconsistencias en los apuntes contables de las cuentas anuales de las sociedades o una irrazonable uniformidad en las cuentas siendo sociedades absolutamente dispares, lo que indicaba la existencia de una "intencionada configuración artificial e irreal".
Además, los investigadores puntualizaban que la manera de formular la contabilidad concuerda con lo expuesto en el Proyecto Udaletxe, sobre financiación del entramado sociopolítico intervenido al Comité Ejecutivo de ETA, detenido en Bidart el 29 de marzo de 1992 y que especificaba que la dirección económica de todas las empresas sería dirigido por una de ellas, que decidiría los flujos de dinero entre empresas que generaban beneficios y las que arrastraban pérdidas. También llevaría la contabilidad de todas para ocultar dichos flujos.
Fuentes de la investigación han señalado que el sumario cuenta ya con 56 tomos y en el se recogen los movimiento económicos de las sociedades involucradas. Los detenidos se encuentran incomunicados y pasarán el lunes a diposición judicial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de febrero de 2003