El desafío se consumó. Los sindicatos franceses paralizaron prácticamente por completo los transportes públicos, lograron una huelga masiva en la enseñanza y reunieron a cerca de dos millones de personas (la mitad, según la policía) en un imponente conjunto de manifestaciones contra la reforma gubernamental de las pensiones, la mayor movilización social en Francia desde 1995. El Gobierno de Jean-Pierre Raffarin intenta desarmar la protesta aceptando retoques en su proyecto, mientras los líderes de la izquierda, ausentes del escenario público desde hace un año, advierten de que la jornada de ayer "sólo es el principio".
La demostración de fuerza de los sindicatos tuvo su plato fuerte en las calles. Si el desfile de París duró ocho horas y reunió a unas 250.000 personas, en Marsella fueron 200.000 los que llenaron la vía pública, en una manifestación más amplia que la de hace ocho años en la segunda ciudad francesa. Mucha participación igualmente en Toulouse, Lille, Estrasburgo y otras ciudades.
Funcionarios y empleados del sector público de la economía proporcionaron el grueso de estos cortejos que, como el de París, discurrieron en un ambiente pacífico, con aires más de gran cabalgata -no faltó una furgoneta de la CGT que difundía los aires del Aserejé- que de dramática convocatoria callejera, como lo fue la del Primero de Mayo de 2002 contra el acceso de la extrema derecha al poder. Invitaciones a Raffarin de que devuelva las jubilaciones y tome la suya, o el eslogan "La calle no gobierna, pero vota" -en respuesta a una advertencia del primer ministro: "No se gobierna desde la calle"-, permiten comprender que esto es una severa advertencia.
Los líderes de izquierda no intentaron capitalizar la jornada. La secretaria general del Partido Comunista, Marie Georges Buffet, se limitó a distribuir octavillas en París mientras el líder socialista, François Hollande, participaba en la marcha de Tulle, la pequeña ciudad de la que es alcalde. Sin embargo, numerosos dirigentes de izquierda comentaron que la jornada de ayer "sólo es el principio", y Hollande recalcó que marca "la vuelta de los socialistas a la acción", aludiendo a la semiclandestinidad en que vive la izquierda desde la derrota electoral de 2002.
"Socorro, los socialistas se despiertan", fue la ocurrente respuesta del partido gubernamental UMP a esta irrupción. El ministro de Asuntos Sociales, François Fillon, se apresuró a calificar de "irresponsable" la idea de algunos sindicalistas de establecer una tasa sobre los beneficios empresariales: "¿Cuál sería la seguridad de un sistema de pensiones basado en ingresos tan fluctuantes como los beneficios de las empresas?", se preguntó. El Gobierno se muestra dispuesto a discutir sobre la pensión mínima, o favorecer a los que comienzan a trabajar desde edades muy tempranas; pero no de alargar el tiempo de contribución o incentivar la continuidad en activo más allá de los 60 años de edad.
Fractura en la unidad
El Gobierno trabaja con la hipótesis de que la unidad sindical es frágil. Frente a esta tentación se alza Bernard Thibault, líder de la CGT, la más importante de las centrales: "Si el Gobierno continúa usando gafas deformantes y sobreestimando la ruptura de la unidad, corre un gran riesgo", advierte, en referencia a las discretas visitas que dirigentes de otras centrales hicieron al primer ministro en vísperas de la jornada de ayer.
El Ejecutivo se enfrenta a problemas adicionales, porque sectores gestionados casi enteramente por el Estado, como la educación y la sanidad, sufrieron las huelgas más importantes desde 1995. Además de la incertidumbre sobre las pensiones, el Ejecutivo quiere reducir los efectivos del sistema educativo, que juzga hinchados, y trasladar a 100.000 funcionarios de la educación (administrativos, obreros, consejeros de orientación, médicos, asistentes sociales) de la Administración central a las colectividades "descentralizadas", pálida versión francesa de lo que fue la organización del Estado de las autonomías en España y que provoca mucha inquietud en un país acostumbrado a la centralización.
Por otro lado, varios sindicatos de Francia pidieron ayer continuar la huelga contra la reforma. Fuerza Obrera (FO), una de las centrales más beligerantes con el Gobierno, pidió a sus agrupaciones que apoyen "todas las iniciativas de huelga, de reconducción del movimiento y de movilización".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de mayo de 2003