Rafael Simancas, candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, propuso ayer que todos los diputados regionales estén obligados a hacer pública su declaración de bienes e intereses antes de tomar posesión y al finalizar su mandato. Hasta ahora, los parlamentarios presentan una declaración de bienes e intereses que no tiene carácter público. Simancas defendió esta medida para "aumentar el grado de transparencia y de confianza de los ciudadanos en los cargos públicos". Por su parte, la candidata popular, Esperanza Aguirre, aceptó investigar si existen tramas inmobiliarias para presionar a cargos políticos.
El PSOE ha pedido al PP que tome medidas contra sus cargos públicos y afiliados implicados en supuestas tramas inmobiliarias para cambiar Gobiernos locales.
Se refieren los socialistas a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP-Madrid, que aceptó negociar con un constructor, Francisco Bravo, afiliado al PP por Villaviciosa de Odón, un acuerdo para evitar que el PSOE gobernara en Sevilla La Nueva, donde el promotor inmobiliario tiene numerosos intereses urbanísticos. El pacto fue inviable ante la negativa de los concejales del PP en Sevilla La Nueva a aceptar como alcalde a un edil independiente propuesto por Bravo que había sido expulsado del PP en 2001.
El mismo Bravo, junto a su tío Francisco Vázquez, familiares y empleados de sus empresas, se afiliaron al PP de Villaviciosa unos meses antes de que este partido celebrase un congreso local donde se eligió nueva presidenta, la actual alcaldesa de la localidad. Vázquez y Bravo tienen en Villaviciosa de Odón numerosos negocios urbanísticos en marcha.
También se refieren los socialistas en sus acusaciones de supuesta connivencia de cargos públicos del Partido Popular con propietarios privados de suelo al ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga, que promovió una colosal recalificación de suelo para levantar 33.000 viviendas en el ensanche norte del municipio donde gobernaba.
Nada que investigar
El PP considera que no tiene nada que investigar sobre estos dos dirigentes del partido cuyas explicaciones, según la directiva popular, son suficientes.
Los socialistas también han denunciado que numerosos diputados del PP tienen intereses inmobiliarios a través de las empresas de las que son propietarios.
Izquierda Unida y PSOE han pedido una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre "la trama urbanística y política que protagonizan Tamayo, Sáez, los constructores Bravo y Vázquez y Romero de Tejada, entre otros".
Esperanza Aguirre aceptó el reto y lo condicionó a que la investigación parlamentaria se haga con "luz y taquígrafos" para que "los madrileños sepan qué es lo que ha ocurrido". Aguirre aseguró ayer que pese a las propuestas hechas públicas por IU y PSOE sobre la creación de una comisión de investigación, sólo el PP ha presentado una iniciativa que será la que se debata hoy en la Asamblea de Madrid.
Los populares defenderán hoy en la Mesa de la Asamblea que la comisión de investigación no sólo analice lo ocurrido en el municipio de Alcorcón sino también en otros donde ha habido Gobiernos socialistas, como Humanes.
Los populares quieren investigar lo ocurrido en este municipio a raíz de las denuncias del ex alcalde, expulsado del PSOE, respecto a un supuesto castigo de la dirección de la Federación Socialista Madrileña por no adjudicar una parcela a la Fundación Hogar del Empleado, que había quedado segunda en un concurso de suelo adjudicado a otra empresa que renunció a los terrenos.
La Fundación Hogar del Empleado, una institución sin ánimo de lucro creada hace más de 50 años, tiene entre sus empleados al marido de Ruth Porta, diputada regional y mano derecha de Rafael Simancas.
El supuesto escándalo urbanístico de Alcorcón que quieren investigar los socialistas consiste en el intento de recalificación masiva de suelo rústico para construir 34.000 viviendas en el norte de este municipio.
La operación urbanística, pendiente de aprobación por la Comunidad de Madrid, que la ha rechazado ya en cuatro ocasiones, ha sido denunciada por la Fiscalía de Madrid.
El pasado viernes, el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, presentó una querella por prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de dinero contra el ex alcalde de Alcorcón, su concejal de Hacienda, un arquitecto privado y cinco propietarios de suelo, entre ellos los constructores Bravo y Vázquez.
El constructor Bravo es amigo de Eduardo Tamayo, diputado expulsado del PSOE por ausentarse del pleno de constitución de la Asamblea de Madrid y dejar sin mayoría absoluta a la izquierda regional. Bravo reservó dos habitaciones en un hotel de Madrid para Tamayo y María Teresa Sáez, la diputada socialista que también plantó a su grupo en el pleno del pasado 10 de junio y fue expulsada del partido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de junio de 2003