El juez Baltasar Garzón decretó ayer la prisión incondicional del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, extraditado el sábado desde México, por los delitos de genocidio y terrorismo. Amparándose en su condición de militar en el momento de los hechos imputados, Cavallo se negó a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional. La fiscalía, que ni siquiera se personó, pidió en un escrito la libertad por falta de competencia de la justicia española.
Cavallo, preso en México desde el 26 de agosto de 2000, aterrizó ayer en Madrid en torno a las 9.30, después de un largo proceso jurídico que acabó con su extradición a España, que había sido solicitada por Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Este último cargo fue considerado prescrito por la justicia mexicana. La acusación particular destacó que ha sido extraditado y será juzgado no porque cometiese crímenes contra ciudadanos españoles, sino porque la justicia española tiene jurisdicción para juzgar crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras chilena y argentina, según decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en octubre de 1998.
Garzón decretó la prisión "provisional, incondicional y comunicada" por la gravedad de los delitos imputados y porque considera que el "riesgo de sustracción a la justicia" de Cavallo es "evidente". A causa de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final de 1987, cuya constitucionalidad ha sido recurrida ante la Corte Suprema argentina, el ex militar no puede ser juzgado en su país.
Según fuentes de la acusación particular, Cavallo, que ingresó anoche en la prisión madrileña de Soto del Real, mostraba buen aspecto físico. Fue reconocido en la Audiencia y le fueron requisadas la corbata y los cordones de la zapatos antes de ser trasladado a los calabozos. Se negó a declarar por la mañana y pidió unas horas para leer el auto de procesamiento. A las 17.00 volvió a comparecer ante el juez y, amparándose en su "condición de militar en el momento de los hechos juzgados", prefirió mantener silencio. A diferencia de lo ocurrido por la mañana, firmó todos los documentos procesales.
Tanto su abogado, el penalista Julio Antonio Ferrer-Sama, como el fiscal Pedro Rubira, que no se personó, pero envió un escrito al Juzgado número 5, pidieron su libertad. Rubira argumentó que la jurisdicción española no tiene competencia ante los delitos imputados a pesar de la decisión de la Sala de lo Penal.
En la puerta de la Audiencia, donde llegó a las 9.50 desde la base de Torrejón, donde aterrizó procedente de México, le esperaban familiares de desaparecidos que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un edificio de Buenos Aires donde fueron asesinadas unas 5.000 personas durante la dictadura (1976-1983). Cavallo, de 52 años, tenía 25 cuando fue destinado en la ESMA y empezó a cometer los delitos.
Testimonios y documentos aseguran que, además, se apropiaba de los bienes de aquellos a los que asesinaba. "Con la llegada de Cavallo comienza una reparación moral", señaló Malou Cerutti, cuyo marido fue torturado ante sus ojos por el ex marino el 12 de enero de 1977. "Me gustaría preguntarle dónde están mi esposo y mi padre, porque nunca hemos encontrado sus cuerpos", agregó. Tanto Cerutti como Federico Gómez, hijo de Carmelo Gómez, secuestrado por Cavallo en 1975, manifestaron que el ex militar se apropió de todos los bienes de sus familias, que ascendían, entonces, a varios millones de dólares. "Se les obligó a entregar todas sus pertenencias sometidos a la tortura", relató Gómez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 2003