El Partido Popular votó ayer junto al tránsfuga Eduardo Tamayo para evitar que éste y su compañera María Teresa Sáez pierdan los privilegios parlamentarios que les ha deparado su traición al PSOE, entre los que se incluye una subvención trimestral por valor de 120.000 euros y capacidad de elegir representantes en los órganos de control de instituciones como Telemadrid. El PSOE denunció la violación del Pacto Antitransfuguismo que el pasado 28 de julio suscribieron todos los partidos. Los socialistas piden que los diputados tránsfugas se queden como "no adscritos" en vez de pasar al Grupo Mixto.
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La Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid rechazó ayer convocar un pleno extraordinario para debatir una propuesta socialista de reforma del Reglamento de la Cámara. Dicha propuesta pretendía aplicar el acuerdo al que hace diez días llegaron todos los partidos para ampliar a las comunidades autónomas el pacto antitransfuguismo que ya se aplica en los ayuntamientos. Entre otras medidas, se trataba de que los tránsfugas no puedan incorporarse al Grupo Mixto, y gozar de los privilegios que ello conlleva, sino que se queden como "no adscritos", con los derechos de un diputado de a pie.
En contra de la medida votó, lógicamente, el tránsfuga Tamayo, su principal perjudicado, pero también el PP, que una vez más sumó sus votos con los de éste para obtener la mayoría.
Gracias a los populares, Tamayo y Sáez seguirán disfrutando, hasta que se constituya la nueva Asamblea, no antes de noviembre, de los mismos privilegios que los demás grupos parlamentarios, aunque éste sólo tenga dos miembros. Sus prerrogativas incluyen una subvención trimestral de 120.000 euros que los grupos suelen emplear en la contratación de personal técnico y administrativo. Según la fecha definitiva de las elecciones, Tamayo y Sáez podrían cobrar hasta 180.000 euros, al margen de su retribución como diputados.
Los dos tránsfugas disponen ya de despacho de grupo, están a la espera de recibir coche oficial y cuentan con una capacidad de iniciativa muy superior a la de los parlamentarios de base, como evidencia de la presencia de Tamayo en la Diputación Permanente. Además, pueden designar representantes en los órganos de control de diferentes instituciones, como Telemadrid o el Consejo Territorial de RTVE.
Un caso especial lo constituye la Asamblea de Cajamadrid, en la que el Parlamento regional tiene 40 representantes que deben ser elegidos antes del 1 de septiembre. Cada grupo parlamentario designa un representante, por un periodo de hasta seis años, al margen de su peso electoral. Si se les permite hacer uso de esta prerrogativa -lo que jurídicamente está en discusión- los tránsfugas podrían conservar, mucho tiempo después de perder su escaño, una cuota de poder en una de las principales instituciones financieras del país.
La renovación del órgano de control de Cajamadrid llevó ayer a los socialistas a plantear la reforma del reglamento de la Asamblea como un asunto inaplazable. Pero, una vez más, el PP sólo dio largas.
Para el secretario de Organización del partido, José Blanco, "el PP ha violado el Pacto Antitransfuguismo a la primera oportunidad que ha tenido". El PSOE reclamó al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, que convoque de inmediato a los firmantes de un acuerdo que, en opinión de los socialistas, se ha convertido "en papel mojado".
Los cambios, "sin prisa"
La Asamblea de Madrid tiene un cupo reservado de 40 consejeros en Cajamadrid que serán designados a propuesta de los grupos parlamentarios. Esa institución ha recordado a la Asamblea que los grupos deben hacer sus propuestas antes del 1 de septiembre. El PSOE quiere evitar que Tamayo y Sáez puedan proponer candidatos desde su posición del Grupo Mixto. Los socialistas han requerido a los servicios jurídicos para que se pronuncien respecto a si los representantes del Grupo Mixto tienen capacidad para proponer consejeros.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, afirmó ayer que "si se puede evitar que Tamayo tenga un representante en la asamblea de Cajamadrid se evitará". Ahora bien, este dirigente consideró que la situación de Tamayo y Sáez en el Grupo Mixto es irreversible, aunque se cambie el Reglamento en virtud del principio jurídico de que las leyes no son retroactivas. Por tanto, y a su juicio, estos dos diputados no podrían ser sacados del Mixto para pasar a los No Adscritos si esto se aprobara. Este sería otro frente de batalla si es que el PP accediera a abordar la reforma del Reglamento la próxima semana tal y como ha propuesto el portavoz socialista, Rafael Simancas. En virtud del pacto antitransfuguismo, desde el PSOE se asegura que sus dos ex compañeros pasarían directamente a ser No Adscritos.
Simancas se indignó ayer al estimar que "gracias al PP los dos tránsfugas tienen presencia en la Diputación Permanente, en todas las comisiones y su voto dirime todas las decisiones". "Mi partido va a plantearse hacer pactos con ustedes ya que los incumplen", advirtió el líder de los socialistas madrileños. Desde el lado del PP se argumentó que el cambio del Reglamento hay que hacerlo "sin prisa, con calma", en palabras de la portavoz del PP, Esperanza Aguirre. Los socialistas recuerdan que no hay tales prisas ya que la proposición de ley por la que se cambia el Reglamento del Congreso fue suscrita por todos los grupos la pasada primavera y se hizo extensiva para la Asamblea de Madrid con el pacto del pasado 28 de julio.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de agosto de 2003