La primera de las conclusiones que el PSOE peretendía asentar de la fallida comisión de investigación es que su objetivo -aclarar los motivos de la deserción de Tamayo y Sáez- no se había cumplido plenamente. Y acusaba de ello a la "mayoría ilegítima" del PP, "que ha impuesto el ocultamiento de documentación básica" y se ha negado a que comparezcan "dirigentes con responsabilidades claves en la estructura de poder de la Comunidad de Madrid". Esta "voluntad obstaculizadora" del PP alimentaba, según la fallida propuesta de dictamen del PSOE, "la hipótesis de su responsabilidad política en la traición" de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.
Los socialistas destacaban en su texto la negativa del PP a la reforma urgente del reglamento de la Cámara "para evitar que los tránsfugas se beneficiaran de determinados privilegios" mediante la creación de la figura del diputado no adscrito. Además, deploraban la "ley del silencio" que los populares han impuesto a los comparecientes vinculados a ellos.
Sin embargo, a pesar de esa "acción obstaculizadora" a la que el PP ha sometido a la comisión, los socialistas concluían en su propuesta de resolución que detrás de la espantada de Tamayo y Sáez "no han existido razones políticas" y sí "una trama política, compuesta por militantes o afiliados del PP". En el vértice de este entramado el PSOE situaba al secretario general del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, ya que "todas las amistades" de Tamayo que han comparecido -el constructor Francisco Bravo, el abogado José Esteban Verdes y el periodista Carlos Cabrera, militantes del PP- "conducen" a Romero de Tejada, según manifestó el portavoz socialista Modesto Nolla.
Los socialistas pretendía distinguir dos tipos de beneficiarios de la espantada de Tamayo y Sáez. Por una parte, el "beneficiario político" de la traición, el PP, que preside la Asamblea y goza de mayoría en la Mesa de la Cámara por la deserción de los tránsfugas, y por otra, los "beneficiarios económicos", los "poderosos intereses especulativos vinculados a la política urbanística del PP".
Confusión de intereses
La investigación en la Asamblea ha puesto al descubierto, según las conclusiones de los socialistas, "el mundo de los negocios del PP" en el que cargos públicos tiene "poderosos intereses económicos, urbanísticos e inmobiliarios". Según este fallido voto particular, "esta situación de confusión entre intereses públicos y privados de altos dirigentes del PP, que desempeñan responsabilidades fundamentales en materia urbanística y de gobierno, ha propiciado un clima perverso en torno al urbanismo" en Madrid. El PSOE apuntaba a cargos de confianza del presidente en funciones de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, como el director regional de Suelo, José María Erenas Godín, y el concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez, cuyo cese o dimisión reclamó Nolla "por beneficiarse de sus cargos políticos para hacer negocios urbanísticos".
Los socialistas terminaban con la recomendación de que se reforme el reglamento de la Asamblea "para evitar que los tránsfugas puedan dar la vuelta a los resultados electorales"; que los cónyuges o parejas de los diputados declaren sus actividades, bienes y rentas, que se aplique rigurosamente los pactos antitransfuguismo, que se adopte la figura del diputado no adscrito y que "una mayoría muy cualificada" de la Cámara pueda declarar la indignidad de un diputado y expulsarlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de agosto de 2003