Trabajo en balde del Senado y fiasco parlamentario para el Gobierno y para el PP en el Congreso: las enmiendas que había introducido el Senado, en su mayoría por iniciativa de los populares a la regulación de la prisión provisional, quedaron en agua de borrajas. Se trataba de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que al afectar a derechos fundamentales tiene carácter orgánico. Eso necesita una votación final para la que se exige mayoría absoluta, es decir, el voto de 176 diputados, la mitad más uno de los que integran el Congreso, y el marcador electrónico sólo registró 171.
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Las enmiendas pactadas entre un aluvión de críticas socialistas habían sido introducidas en el último trámite en la Cámara alta tras varios chascos judiciales, como la puesta en libertad al agotarse el tiempo máximo de cuatro años en prisión preventiva del supuesto triple homicida de Benifallim (Alicante), y tras la amenaza de la policía de un bajón en las detenciones en el caso de que no se les compensara económicamente por tener que comparecer a juicios rápidos los fines de semana.
El texto aprobado por el Senado y remitido al Congreso estaba escrito en 13 páginas, de las cuales casi seis aparecían con la letra en negrita para distinguir las nuevas enmiendas que se habían colocado. El PSOE incluso había introducido un veto al articulado aprobado en la Cámara alta y, además, la senadora por Murcia y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, María Antonia Martínez García, había solicitado la vuelta al Congreso del texto sin que se tuvieran en cuenta las innovaciones introducidas a última hora por el Grupo Popular, "puesto que algunas de ellas", según dijo el pasado 1 de octubre en comisión, "rozan la inconstitucionalidad".
Regocijo y contrariedad
Faltaron cinco votos para que las enmiendas del Senado quedasen incorporadas al proyecto que, al menos de momento, tendrá la misma redacción que cuando salió del Congreso. El regocijo del PSOE se hizo manifiesto, como la contrariedad de los populares. Pero no hay mal que cien años dure y el PP se apresuró a ponerle plazo a su desgracia: dentro de un mes, más o menos, la Ley de Corte Penal Internacional incorporará las enmiendas que el Senado había introducido en la prisión provisional. Algo que a muchos les parecerá una técnica legislativa exótica.
Todo indica que el PP se confió ayer. Hace tres semanas tocó a rebato cuando se votó en el Congreso el carácter orgánico de la reforma del Código Penal. Tocó tan fuerte que incluso el presidente del Gobierno, José María Aznar, contra toda costumbre, acudió por la mañana a votar disciplinadamente.
Pero ayer el PP contaba con el apoyo expreso de CiU, PNV y Coalición Canaria, así que, aparentemente, sobraban votos, pero la aritmética democrática tiene consecuencias implacables; un voto puede bastar para arrumbar un proyecto y ayer faltaron cinco por la exigencia de la mayoría absoluta en las leyes orgánicas.
El PP tiene 183 diputados y faltaron 22, 15 de a pie y los 7 miembros del Gobierno que ostentan la condición de diputado. Un 12% de ausencias. Los de a pie, además de pechar con el coste político que pueda tener el incidente, tendrán que abonar una multa de 300 euros, al tratarse de una ley orgánica que cotiza fuerte en la bolsa sancionadora del grupo parlamentario. Lo cierto es que en el Grupo Socialista faltaban 39, es decir, un 31,2%, pero esas ausencias contaban poco. Lo fundamental era la falta de votos populares sumada a la de 7 diputados de los 13 que tiene CiU; dos de los cuatro de Coalición Canaria y, lo más sorprendente, la de los siete diputados del Grupo Vasco-PNV después de que su portavoz, Margarita Uría, anunciase en la tribuna que apoyaban el proyecto.
Como todos los pasos políticos se encaminan hacia marzo de 2004, cuando se celebrarán las elecciones generales, el PSOE no dejó pasar la ocasión para fustigar al PP en general y a su candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, en particular.
Nada más concluir la votación, Javier Barrero, portavoz socialista en este trámite, acusó a los populares de protagonizar un acto de "frivolidad y abstencionismo" que minusvalora la actuación de los senadores".
Rajoy era uno de los ausentes y Barrero no olvidó destacar que "desde que ha tomado las riendas del partido", los populares cometen "errores" y, sobre todo, el propio Rajoy, según Barrero, "pone de manifiesto su frivolidad y su desprecio al Parlamento".
Los populares trataron de quitar hierro al incidente. Su portavoz de Justicia, Leocadio Bueso, cargó contra el Grupo Parlamentario Socialista, al que acusó de oponerse a reformas "muy importantes" para la represión eficaz de la delincuencia y llegó a decir que no era "un argumento de peso" el atribuir el fiasco parlamentario a la ausencia de diputados populares.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de octubre de 2003