El Gobierno recurrirá el jueves el 'plan Ibarretxe' para suspender su tramitación

El Gobierno recurrirá el jueves ante el Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe con el objetivo de suspender su tramitación parlamentaria, lo que logrará si el Alto Tribunal lo admite a trámite, según anunció ayer el ministro de Justicia, José María Michavila. El Gobierno "no recurre un proyecto de ley" sino "sendas resoluciones del Ejecutivo vasco y la Mesa del Parlamento vasco" que "suponen un fraude de ley al camuflar como reforma del Estatuto lo que es una mutilación de la Constitución", según Michavila. El recurso se ampara en el artículo 161.2 de la Constitución y el título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Éste decidirá antes de tres meses si admite a trámite el recurso.

El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, señaló que el plan Ibarretxe es "un reto al Estado y una clara amenaza de secesión" y que "cada paso que dé el Gobierno vasco será contestado con toda firmeza".

El ministro de Justicia insistió, en respuesta a numerosos catedráticos de Derecho Constitucional que considera inviable el recurso, que el Gobierno "no ha recurrido un proyecto de ley", porque de ese modo "habría acudido al recurso de inconstitucionalidad". Ha optado por la vía de la "impugnación de resoluciones" de los órganos de Comunidades Autónomas que regulan el artículo 161,2 de la Constitución y el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El jefe del Servicio Jurídico, Arturo García Tizón, aseguró que todos los recursos promovidos por esta vía habían sido ganados.

El Gobierno detalló las bases del recurso como sigue:

- Objeto. El Gobierno recurre la resolución del Gobierno vasco de enviar al Parlamento vasco el plan Ibarretxe y el acuerdo de la Mesa de la Cámara de tramitar la propuesta del lehendakari por el procedimiento ordinario. lo que "produce directamente efectos jurídicos".

- Preceptos vulnerados. El recurso señala 103 vulneraciones de la Constitución que afectan al reparto competencial, a los principios constitucionales, a los valores democráticos que las sustentan y a los procedimientos. Denuncia también la vulneración del propio Estatuto que puede iniciar un proceso de reforma de la Constitución y que incumple el plan Ibarretxe.

El acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco vulnera, según el Gobierno, la reserva reglamentaria para establecer el procedimiento de tramitación previsto en los artículos 147 y 152 de la Constitución y 27.1 del Estatuto y la obligación subsidaria de que sea una resolución del presidente del Parlamento vasco, con el parecer de la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento vasco, la que cubra la posible laguna reglamentaria, con lo que se vulneran los artículos 23.1 y 24.2 del Reglamento del Parlamento vasco.

- Procedimiento. El procedimiento del recurso es el recogido en el artículo 161.2 de la Constitución y que desarrolla el artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El primero señala que sólo es posible "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". El artículo 76 de la Ley del Tribunal Constitucional establece que "el Gobierno podrá impugnar las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas".

- Consecuencias. La impugnación de ambas resoluciones supone que, en caso de que el recurso sea admitido a trámite, provoca la inmediata suspensión en la tramitación del plan Ibarretxe por cinco meses.

- Motivaciones. El recurso destaca cuatro singularidades.

- La comunidad vasca puede iniciar un proceso de reforma constitucional, conforme a lo previsto en la Constitución y el Estatuto, pero el plan Ibarretxe sigue un procedimiento "manifiestamente inconstitucional".

- El Estado requiere al Gobierno vasco y a la Mesa del Parlamento autónomo que cumplan la Constitución, el Estatuto y el Reglamento de la Cámara vasca.

- El plan Ibarretxe tiene "voluntad de quebrantar de manera deliberada y frontal el ordenamiento constitucional y el Estatuto de Gernika".

- El propio servicio jurídico del Parlamento vasco advirtió de la ilegalidad del plan Ibarretxe.

- Antecedentes. El informe señala que existe una sólida doctrina constitucional que permite impugnar ante el Tribunal Constitucional meros actos de trámite (sentencia del TC del 24-10-85); circulares e instrucciones internas (TC del 28-6-83); simples actuaciones materiales de órganos autonómicos (TC del 11-12-92). "Por tanto, la naturaleza jurídica del acuerdo del Gobierno y Mesa del Parlamento lo constituyen en objeto idóneo para trabar un conflicto institucional".

Los partidos del tripartito vasco -PNV, EA e IU- señalaron que el recurso no "parará el debate" y anunciaron que "presentarán las medidas oprotunas".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de noviembre de 2003