Por más que pretenda vestirse con el ropaje de "una importante conversación" con el secretario general del PP, Mariano Rajoy, lo cierto es que la renuncia a aplicar un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, anunciada ayer por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, es una retractación en toda regla de al menos una parte de la política fiscal diseñada para el Ayuntamiento de la capital. La "reflexión conjunta" con Rajoy mencionada por el alcalde para explicar esta rectificación debe leerse más bien como una finta política para sortear la contradicción entre la rebaja de impuestos que predica el PP en el ámbito nacional y el aumento de la fiscalidad madrileña en un 26% que planeaba Ruiz-Gallardón para 2004. La renuncia a imponer recargos tributarios a los pisos vacíos no cancela el aumento de la presión fiscal que deberán afrontar los madrileños el año próximo; pero quizá esta retirada sirva para apaciguar los ánimos de los populares contrarios a la subida de impuestos -Aznar y Rato, entre otros- y clausure las fisuras políticas abiertas en el partido.
Tampoco es baladí el argumento de Ruiz-Gallardón de que el recargo "no ha sido entendido por la mayoría de los ciudadanos". Efectivamente, parece poco probable que la identificación ideológica con quien lo propone baste para que el electorado del PP acepte ese recargo. Pero es que, además, una sanción tributaria de esa naturaleza es demasiado compleja para que pueda aplicarse de la noche a la mañana. Requiere una administración más amplia y mejor afinada que la presente burocracia municipal, una definición legal muy precisa de lo que es una "vivienda vacía" y un censo actualizado de pisos y fincas, del que probablemente no dispone el Ayuntamiento, y, sobre todo, una capacidad inspectora que dista mucho de poseer.
Sea por la "reflexión conjunta" o por mera imposición, la retractación pública de Ruiz-Gallardón viene a corregir una medida que de momento hubiera resultado inaplicable. Zanjada la cuestión del recargo, el Gobierno central debería propiciar un debate -y alguna solución, si es posible- sobre el paupérrimo marco financiero en el que se desenvuelven los ayuntamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de noviembre de 2003