Los guardias de seguridad de Hacienda Valdelagua, una finca situada en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), impidieron ayer conocer de primera mano en qué situación se encontraba un grupo de 40 trabajadores marroquíes que, por la mañana, alertaron de un desalojo por la fuerza. La finca, que empleó este año a más de un centenar de inmigrantes mediante contratos en origen, ha sido denunciada por los sindicatos por las malas condiciones en las que alojaba a estos trabajadores. El conflicto se saldó anoche con ocho despidos.
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El secretario de Empleo e Inmigración de Comisiones Obreras de Sevilla, Rafael Belloso, recordó ayer que el sindicato denunció a finales de verano el alojamiento "indigno", en cuadras abandonadas, que Hacienda Valdelagua daba a los inmigrantes contratados en origen -una fórmula en la que el empresario debe garantizar la vivienda a los trabajadores-. Una denuncia que, según Belloso, llegó a la Fiscalía de Sevilla, la subdelegación del Gobierno de Sevilla y la Inspección de Trabajo.
Tras aquella denuncia, que fue ilustrada a finales de octubre por Canal Sur TV con imágenes sobre las malas condiciones de los barracones en los que habitaban los inmigrantes, la empresa decidió despedir a una treintena de inmigrantes, pese a que el contrato en origen les había sido renovado hasta el próximo 15 de enero. Hacienda Valdelagua, propiedad de un empresario alemán que quiere levantar un centro de ganadería intensiva en la finca, les dio el finiquito y les envió a Sevilla, donde los inmigrantes elevaron una queja al Defensor del Pueblo por la forma del despido y el alojamiento. Según Sevilla Acoge, también denunciaron ante magistratura la extinción laboral.
Ayer, la situación en torno a Hacienda Valdelagua se volvió aún más confusa. Al mediodía, Comisiones Obreras y Sevilla Acoge se hicieron eco de las llamadas de auxilio de algunos inmigrantes, a los que la empresa quería despedir de forma inmediata. Los trabajadores se negaban a salir de la finca sin que un representante sindical supervisara las condiciones del despido. Según Belloso, los inmigrantes informaron de que guardias de seguridad habían "arremetido" contra ellos, y que, incluso "apalearon" a uno de ellos, que se encontraba a esa hora "en paradero desconocido".
CC OO alertó a la Policía Local de Castilblanco de los Arroyos y al alcalde de la localidad, José Manuel Falcón (PDNI). Falcón aseguró luego que los vigilantes impidieron la entrada de un concejal del pueblo y, en un primer momento, de los policías locales. La confusión se espesó alrededor de la finca: los guardias de seguridad se negaron a dar ninguna información y las llamadas a la sede social de la empresa, en Marbella (Málaga), resultaron igualmente infructuosas.
Las llamadas de auxilio llegaron también al defensor del Pueblo, José Chamizo, que trasmitió su "preocupación por posibles incidentes violentos" al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Manuel Luque. Una patrulla de la Guardia Civil comprobó a media tarde la situación. Fuentes de la investigación aseguraron después que el conflicto era de índole laboral y que no había habido ni detenciones, ni denuncias ni ningún parte de lesiones o heridas. Y que tampoco los trabajadores despedidos les habían informado de incidentes violentos.
Tras la intervención de la Guardia Civil, la empresa también aceptó que Belloso, acompañado de un traductor, accediese a la finca. El representante de Comisiones Obreras confirmó que ocho de los cuarenta trabajadores habían sido despedidos. Pero indicó que estos inmigrantes mantenían que habían sido coaccionados por los guardas de seguridad para dejar la finca de inmediato y que, incluso, habían derribado su alojamiento. Belloso adelantó que los inmigrantes presentarán denuncia por estos hechos hoy.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de noviembre de 2003