La renta de los españoles ha crecido y se ha repartido de forma más equitativa entre las regiones desde 1978. Sin embargo, persisten grandes diferencias autonómicas. Cataluña y Madrid, las comunidades que más han favorecido la compensación interterritorial, han perdido su primacía en la escala de ingresos. En los últimos lugares se mantienen Extremadura y Andalucía. Así lo recoge el libro La sociedad española tras 25 años de Constitución, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.
"El efecto de la mejora del sistema impositivo y del sistema de prestaciones sociales y la decidida política de compensación interregional ha producido una redistribución", señala el trabajo. En el reequilibrio regional, "las comunidades de menor renta han sido las más favorecidas en detrimento de las regiones que ocupaban los primeros lugares", puntualiza.
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Además de los mecanismos de compensación interterritorial, las ayudas comunitarias a las zonas más pobres (aquellas con una renta inferior al 75% de la media europea) han contribuido a aminorar la brecha que se registraba en 1978 y a que ahora exista "una mayor equidad entre las regiones", según el estudio del INE.
La estadística sobre la renta disponible bruta per cápita de los hogares demuestra que algunas de las regiones que tenían el nivel más alto en 1978, como Madrid y Cataluña, son "las que más han contribuido al proceso de compensación de desequilibrios regionales de renta, hasta el punto de verse superadas en la actualidad por el País Vasco y Navarra, posiblemente por la ventaja relativa que viene suponiendo la aplicación de los Conciertos". Sobre un índice medio de 100, su renta supera el 120, pero hace 25 años no llegaba a 110 (véase gráfico). Baleares se sitúa en tercer lugar (hace 25 años compartía prácticamente la primacía con Madrid). Cataluña baja del tercer al sexto puesto. En los últimos lugares se mantienen, con mejoras, Extremadura (la única con un índice actual inferior a 80), Andalucía y Castilla-La Mancha.
El proceso redistributivo se basa en gran medida en los impuestos directos progresivos y la mejora de las prestaciones sociales (pensiones, salud, educación o subsidio de desempleo). En 1979, recién aprobada la Constitución, entraron en vigor las leyes sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de sociedades y sobre el patrimonio. Al año siguiente, los hogares dedicaban el 6% de sus ingresos brutos a impuestos directos. En 2000 destinaban algo más del 10%.
El estudio detalla que "la pensión media, durante los 25 años del periodo constitucional, creció, por término medio, en torno a dos puntos por encima de la inflación". El salario mínimo interprofesional ha mantenido su poder adquisitivo en términos reales al crecer de forma similar al índice de precios al consumo", añade el trabajo del INE.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de diciembre de 2003