El interventor general ha destapado que el ex concejal Jorge Barbadillo Griñán, en su etapa de consejero delegado del Campo de las Naciones, modificó al alza contratos adjudicados a las constructoras que dejó sin justificar. En sólo cinco meses, Barbadillo, cuya gestión ha sido enviada al Tribunal de Cuentas, elevó en 250.000 euros los contratos de las obras de la calle de los Restaurantes y de las zonas infantiles. El interventor advierte de que tampoco retuvo en estos casos el 2% de control de calidad de la obra que blinda al Ayuntamiento ante presuntos incumplimientos.
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Con fecha 30 de octubre de 2001, el Consejo de Administración del Campo de las Naciones adoptó un acuerdo por el que se adjudicaba a la firma Ortiz Construcciones y Proyectos las obras de acondicionamiento de la calle de los Restaurantes del recinto ferial por un importe de 1.371.475, 97 euros. Posteriormente, con fecha 21 de diciembre, de acuerdo con lo que figura en el acta del consejo de esta empresa, Barbadillo "informó y propuso" una ampliación de este proyecto por importe de 180.303,65 euros correspondiente al aparcamiento junto al restaurante La Casiña. Pero la ampliación que se formalizó entre Ortiz y Barbadillo en un anexo I al contrato principal registra un precio de 208.395 euros el día 8 de febrero de 2002, con 28.000 euros de diferencia que, a juicio del interventor, no han sido justificados. Algo similar sucedió en el aparcamiento situado entre el pabellón Rioja, adjudicado en 174.293,51 euros el 6 de marzo de 2002 aunque finalmente se pagó a Ortiz 179.435 euros. La diferencia es de 5.000 euros, que, sumados a los 28.000, eleva a 33.000 los gastos sin justificar detectados por la Intervención General del Ayuntamiento.
La pérgola
Prácticas similares fueron realizadas por Jorge Barbadillo a la hora de gestionar las obras en las zonas deportivas, estanciales y de juegos infantiles que fueron concedidas a la UTE Tebasa-Coarsa en 706.00 euros. El interventor advierte de que hubo una modificación que no fue llevada en el consejo y que varió el presupuesto en 69.717 euros, que corresponden al suministro e instalación de una pérgola.
La Intervención General también ha detectado que Jorge Barbadillo, con fecha 22 de diciembre de 2000, otorgó a la firma Quijano obras en la calle de la Ribera del Sena, en la zona comprendida entre la glorieta de Juan de Borbón y la de Luxemburgo, por un importe de 992.504, 88 euros. El interventor halló en su investigación que se realizaron posteriormente modificaciones adicionales de las "que no se informó al consejo de administración ni se obtuvo su aprobación". Entre las cantidades comprometidas y las realmente abonadas hay una diferencia de 72.419,71 euros.
También con fecha 22 de diciembre de 2000 el Campo de las Naciones adoptó un acuerdo por el que se adjudicó a Construcciones Velasco, SA, "las obras relativas a la forestación y ajardinamiento del paseo Sur del parque Juan Carlos I por 489.633,23 euros". El interventor ha descubierto que "han existido de hecho modificaciones adicionales" que, al parecer, fueron tratadas en las comisiones técnicas, pero de las que no se informó al consejo de administración ni fueron aprobadas. La cantidad facturada supera en 66.263,28 euros al importe adjudicado, pero se concreta en una factura por un importe diferente: 67.615,59 euros, a la que habría que aplicar el 2% de retención.
El interventor no halla ninguna justificación para todos estos pagos extra, y, cuando le reclama a Barbadillo que explique los abonos extraordinarios, responde en sus alegaciones que a algunos de los pagos aprobados por el consejo de administración hay que añadir "gastos generales y el beneficio industrial (19%), así como el IVA (16%)". El interventor responde que, cuando el consejo de administración de una empresa pública aprueba un gasto, "lo hace en su cuantía total".
Inés Sabanés, portavoz de IU, ha pedido a sus técnicos una investigación sobre la gestión de Barbadillo con las empresas constructores. "Creemos que ahí están las verdaderas irregularidades. Los datos son tan graves que justifican la intervención de la fiscalía".
Sabanés añade que no es incompatible la actuación del Tribunal de Cuentas con la adopción de medidas más contundentes, sin excluir las de carácter judicial. "Debe ser el propio Campo de las Naciones el que presente una querella contra su anterior gestor. Sólo así se podrá evidenciar la voluntad de que este asunto se aborde de forma rotunda".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de diciembre de 2003