Frenazo a los experimentos liberales en Francia. El jefe del Estado, Jacques Chirac, ha preferido ceder en la mayor parte de las reformas sociales emprendidas y garantizar que las indispensables, como la del Seguro de Enfermedad, no se harán por decreto, contrariamente a lo anunciado por su primer ministro hace pocas semanas. Chirac se enfrenta a una marea roja que le acusa de haberse apropiado del 82% de los sufragios recibidos en su reelección, como si hubieran sido todos suyos y no el fruto del miedo a la extrema derecha, y de utilizarlos contra la izquierda para acabar con el pacto social vigente en Francia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La imagen más simbólica del repliegue es la función atribuida a Dominique de Villepin. El brillante ministro de Exteriores, que recorría los escenarios mundiales "colocando de nuevo a Francia en el mapa", se retira al territorio de la política interior por decisión presidencial. Los pasillos del poder interpretan esta medida en clave interna: "De ahí puede salir el próximo primer ministro", se comenta en el gabinete de uno de los departamentos clave del Gobierno de París.
Los cambios pretenden hacerse con las banderas de centristas e izquierdistas templados
Raffarin ha hecho de policía malo. Chirac le manda seguir y olvidar las órdenes anteriores
Es difícil dirigir un país sin controlar las redes políticas y los servicios de información del Estado. Éstos son los poderes que De Villepin adquiere en Interior -además del mando sobre 260.000 policías y gendarmes-, que le dan la oportunidad de afirmarse como el principal brazo político del presidente. El resto de los cambios realizados responde a un juego de cálculos internos e intentos de hacerse con las banderas de centristas e izquierdistas templados, como la creación de un Ministerio de Cohesión Social, de alcance desconocido, aunque se presenta a su titular, Jean-Louis Borloo, como la cara más social en el entorno de Chirac.
Cambio de rumbo, ¿hacia dónde? Los que han preparado este giro piensan que la sociedad no estaba en contra de las reformas iniciadas -pensiones, recorte del seguro de paro, suavización de la jornada de 35 horas, reducción de créditos a la investigación, preparativos para la privatización-, sino que el enfado se debe al parón en la actividad económica. De los crecimientos del PIB en la época del Gobierno de Lionel Jospin (4,2% en 2000, 2,1% en 2001) se ha pasado a rozar la recesión en 2003; vaya usted a explicarle al ciudadano medio cuánto de eso se debe a la coyuntura internacional y cuánto a la gestión nacional.
Francia sigue siendo un pedazo de país, con empresas punteras en todos los sectores, el cuarto del mundo en la atracción de capitales exteriores, un enorme dinamismo de su competitividad exterior, una de las productividades más altas de Europa y una elevada inversión pública en investigación y desarrollo, aunque pueda parecer lo contrario a causa de la dimisión de miles de jefes de equipos de investigación en instituciones públicas. Pero el paro ha crecido (9,6% de la población activa en estos momentos, casi un punto más que en 2002), los déficit públicos descarrilan y se discute sobre la eficiencia de un Ejército de 6,5 millones de personas, entre funcionarios y trabajadores de empresas estatales.
El ex presidente del Partido Liberal, Alain Madelin, reprocha al Ejecutivo no haber aprovechado "la ventana de tiro de 200 días" que siguió a la elección presidencial de 2002 para haber actuado a toda mecha. Observadores ajenos a la política francesa lo ven de otro modo: para el español Apolonio Ruiz Ligero, subgobernador del Banco de Desarrollo del Consejo Europeo, la única reforma con sentido positivo y de futuro fue la de las pensiones. "Todo lo demás han sido medidas regresivas", desde el recorte del seguro de paro (abruptamente suspendido para 230.000 personas en enero) a las rebajas fiscales, "que han beneficiado a los que más dinero ganan, pero no han reducido la presión fiscal en su conjunto; al contrario, la han elevado con otras tasaciones", afirma el experto.
Pero a la cabeza de Francia se encuentra un hombre, Jacques Chirac, que en mayo hará 30 años que fue nombrado jefe del Gobierno por primera vez y que aún continúa en la cumbre del poder, uno de los estadistas más veteranos del planeta. Para lograrlo hay que ser un maestro en el arte de la maniobra, del cálculo político.
Por eso, Chirac apenas se ha inmutado por un resultado adverso en las urnas. Frente a la marea de votos rojos (49,92% de la izquierda, contra 36,84% de la derecha), el presidente se enroca en el tablero y propone continuar la partida. Una respuesta más directa a la sanción de las urnas habría generado un Gobierno más reducido y con una importante renovación de personas; en lugar de esto, el nuevo Gobierno cuenta con 43 miembros, cuatro más que el precedente, y un reparto de cartas distinto entre el mismo núcleo básico de personas. Se trata de ganar tiempo.
El jefe del Gobierno saliente, Jean-Pierre Raffarin, ha hecho de policía malo, negando dinero a los investigadores, recortando prestaciones a los temporeros del espectáculo, autorizando reducciones en el seguro de paro, anunciando la reforma del Seguro de Enfermedad por decreto y anticipando una clara voluntad privatizadora de empresas públicas; y ahora el policía bueno, Chirac, le manda seguir en el Gobierno entrante, pero le da instrucciones de que se olvide de las órdenes anteriores y se dedique a contemporizar.
"Villepin se aburre en el Quai d'Orsay", confiaba una de sus colaboradoras más cercanas del Ministerio de Exteriores, en los días previos al cambio de Gobierno. Ahora toca preparar las próximas elecciones presidenciales y ahí es donde Chirac quiere a De Villepin, sobre todo porque ha fichado a un buen conocedor de la maquinaria europea, Michel Barnier, para que le resuelva la fastidiosa (a ojos franceses) pero indispensable negociación de las nuevas instituciones de la UE.
A su vez, relevar a Nicolas Sarkozy en Interior no suponía mayores problemas. Sarkozy no es el alto funcionario del Estado que, como Villepin, servirá siempre fielmente allí donde diga el presidente, sino que quiere ser presidente él mismo. Ha conducido una batalla extenuante en sus 23 meses en Interior, para demostrar a los electores que él es el más rápido y el más eficaz a la hora de coger el toro por los cuernos. Continuar en Interior, después de un balance brillante, podría haberle expuesto a un repunte de la criminalidad o un incidente inesperado que le hiciera caer de la cima. Salir de esa cartera dejando un buen recuerdo popular puede resultarle más rentable, de cara al futuro, que haber desatado una crisis negándose a aceptar el encargo de Economía y Hacienda, por envenenado que sea el regalo para un hombre al que Chirac y Raffarin han colocado, de propina, a dos amigos respectivos como ministros adjuntos.
Los pasos del vía crucis
He aquí un resumen de los principales conflictos que precedieron a la campaña electoral de las elecciones regionales:
- Pensiones. En la primavera de 2003 se tramita la ley sobre las pensiones en el Parlamento. Su finalidad es equiparar los derechos de los funcionarios y empleados del sector público a los del sector privado, alargando en 2,5 años el tiempo de cotización para que aquéllos puedan alcanzar el mismo nivel de pensiones. Una vez logrado, todos verán progresivamente aumentado el tiempo de trabajo. Esta ley provoca dos meses de conflictos callejeros y huelgas, pero el Gobierno consigue sacarla adelante.
- Festivales. En el verano de 2003 se produce la suspensión en cadena de los principales festivales culturales, un hecho de similar impacto al que tendría en España la suspensión de todas las corridas de toros de una temporada. La razón es la protesta de los trabajadores temporales del espectáculo al recorte del cálculo de sus indemnizaciones durante los tiempos en que no trabajan. La protesta continúa en otoño e invierno.
- Canícula. Casi 15.000 personas mueren en Francia durante la fuerte oleada de agosto de 2003. El Gobierno, ausente por vacaciones, reacciona tarde. Provoca la primera caída importante de la popularidad del primer ministro Raffarin.
- Parados sin seguro.En enero de 2004, un contingente de 230.000 parados se queda sin prestación de desempleo por un nuevo criterio de cálculo, inspirado por el objetivo de reducir el déficit.
- Condena de Juppé. En enero se produce la condena judicial del presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UNP), Alain Juppé, por un viejo asunto de financiación ilegal de la política en el que el tribunal se muestra muy severo. Chirac intenta aplazar la crisis en el partido defendiendo públicamente a Juppé como un hombre imprescindible para Francia.
- Clientelas. En febrero de 2004, los investigadores y científicos organizan protestas para obtener 20 millones de euros, que consideran indispensables para mantener en funcionamiento las instituciones públicas de investigación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de abril de 2004