Todos los grupos parlamentarios, con la excepción razonada de CiU y Coalición Canaria, están ahora de acuerdo: debe constituirse una comisión parlamentaria que investigue en torno a los atentados del 11 de marzo. CiU teme, con no poco fundamento, que sirva para "recuperar la bronca política", pero participará en la comisión. El cometido de la comisión es difícil, pero los ciudadanos, sobre todo los familiares de las víctimas y los supervivientes de los cuatro trenes de la muerte, tienen derecho a conocer si hubo fallos en la seguridad y qué se va a hacer para corregirlos. Los jueces dilucidarán en su día las responsabilidades penales de quienes los cometieron; los ciudadanos solventaron las responsabilidades políticas en las urnas. Pero no se agota ahí la perentoria necesidad de saber que todos tenemos sobre estos acontecimientos, sobre todo a la luz de las conspiraciones que algunos están inventando a toda máquina.
No ha sido fácil llegar a este acuerdo ni lo será constituir la comisión y obtener unas reglas de juego que contribuyan a esclarecer los hechos. El PP ha sido el último partido en incorporarse al consenso sobre su necesidad, y no deja de ser lógico, por cuanto es el que puede salir más perjudicado. De hecho, se ha apuntado a la comisión en cuanto ha visto la posibilidad de agarrarse al clavo ardiendo de una rocambolesca trama de confidentes que le permite extender las sospechas que ahora recaen sobre el Gobierno de Aznar a una supuesta e inverosímil conspiración de la oposición socialista para ganar las elecciones. Pretendía en un primer momento que la comisión investigara sólo lo que ocurrió entre el 11-M y las elecciones del 14-M, excluyendo lo que el actual ministro del Interior y el propio Aznar han reconocido como "la imprevisión" anterior a los atentados, cuando el Gobierno pensaba sólo en ETA y apenas prestaba atención al terrorismo de origen islamista.
Rajoy ha anunciado con énfasis que no debe haber veto a comparecencia alguna ante la comisión, como si alguien más pudiera temer la citación, aparte de los responsables de la seguridad antes del 11-M y de la pésima comunicación pública entre el 11-M y el 14-M. Está muy bien esta condición: deben comparecer, entre otros, Aznar, Acebes y Zaplana, y el objeto sobre el que debe investigar la comisión debe ser todo lo que concierne a estos atentados, antes y después.
La comisión, excluidas las responsabilidades políticas y penales, debe centrarse así en conocer con exactitud por qué se produjeron los atentados y debería llegar a conclusiones prácticas sobre una de las peores consecuencias del terrorismo: su instrumentalización política por partidos y Gobiernos. Todo lo que sucedió alrededor del 11-M es una lección negativa sobre esta cuestión y muy fácilmente puede repetirse en la comisión parlamentaria. No estaría de más que por una vez los partidos pusieran en práctica la unidad frente al terrorismo que tanto invocan después de cada atentado. La comisión será un buen banco de pruebas. Y el primer acuerdo que deberían alcanzar es posponer las comparecencias hasta después de las elecciones europeas, para evitar la instrumentalización electoral del atentado más trágico de nuestra historia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de mayo de 2004