Las reformas de los estatutos de autonomía que se pondrán en marcha esta legislatura exigen la unidad de criterio y de discurso de todos los socialistas. Ésta es la tarea que se ha impuesto la dirección del PSOE y que corresponderá al responsable de Política Institucional y Autonómica, Alfonso Perales. Las reformas se harán "para mejorar la vida de los ciudadanos" y nunca desbordarán la Constitución de 1978. Los dirigentes socialistas saben que tendrán dificultades, en referencia a algunas peticiones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall.
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido con todos los presidentes autonómicos, salvo con los de las ciudades de Ceuta y Melilla -a quienes verá en septiembre-. Previamente, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ya había realizado una ronda de entrevistas con todos ellos. Ahora Perales mantendrá reuniones con los responsables socialistas de política institucional y autonómica de todas las federaciones y de todas las instituciones.
El jefe del Ejecutivo inaugurará también la llamada Conferencia de Presidentes en el mes de noviembre para que, en una situación sin precedentes, todos hablen con todos. También el Gobierno hará mucho caso al dictamen que elabore el Consejo de Estado sobre las reformas constitucionales que figuran en su programa electoral.
"Se trata de fijar la posición de los socialistas en toda España sobre las reformas estatutarias y, claro está, para mantener la cohesión y la unidad de criterio", dicen en el partido. Con el mismo discurso saldrán los socialistas de toda España a explicar el proceso de reformas estatutarias que dirigirá el Gobierno.
"Los estatutos deben revisarse y modificarse porque después de 25 años hay realidades sociales que no había entonces y otras que ya no existen", afirma Perales. Eso sí, no hay una "plantilla fija". En el Estatuto andaluz, por ejemplo, se hace mención a la defensa de los "emigrantes andaluces". La realidad actual es que Andalucía recibe a miles de inmigrantes. Baleares siente la necesidad de modificar la elección de sus consells y Canarias quiere ver reconocidas las características especiales de una región ultraperiférica.
Madrid también quiere cambiar su división territorial y los actuales gobernantes navarros querían que de la Constitución desapareciera la disposición adicional cuarta, que contempla la incorporación al País Vasco si los navarros lo deciden. Lo cierto es que la mayor parte de las reformas estatutarias que se plantean son de carácter muy práctico y poco político.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también va lanzando el mensaje de que el Ejecutivo respeta y reconoce la diversidad de España y la singularidad de cada comunidad autónoma. "Para las reformas de los estatutos no habrá una fotocopia", advierte. Pero la tranquilidad de que "España no se rompe", como señala un dirigente regional, no está exenta de la preocupación por unificar el mensaje de todos los socialistas para evitar en lo posible voces disonantes, como ya ha ocurrido anteriormente con Zapatero al frente de la secretaría general.
Hubo discrepancias públicas en torno al Plan Hidrológico Nacional, a la Ley de Extranjería y sobre la financiación autonómica. También hubo problemas entre dirigentes regionales con sus compañeros del PSC. Ahora no quieren que algo así vuelva a ocurrir cuando hay que explicar a los ciudadanos los cambios constitucionales y las reformas de los estatutos de autonomía.
"Los socialistas afrontamos la mejora del Estado de las autonomías con la seguridad de que España no está en riesgo", asegura Perales. Este dirigente confía plenamente en la habilidad de Zapatero para conducir el proceso. "El presidente puede afrontar con éxito la mejora del Estado autonómico por edad, disposición, talante, sí talante, y porque tiene muy claro que el marco constitucional no se va a desbordar".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de agosto de 2004