Ana Aguirre, consejera de Industria, Turismo y Comercio, es bilbaína de nacimiento y "ataundarra de corazón". Con 47 años y toda una vida de asesora en el Gobierno, Aguirre defiende Euskadi como país industrial y es optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los sindicatos y las administraciones central y vasca sobre el futuro de La Naval.
Pregunta. ¿Está muerta La Naval?
Respuesta. En absoluto. Hay que consolidar su futuro. No podemos ser testigos de su certificado de defunción.
P. ¿La Administración central la quiere dejar morir? ¿No cree en el compromiso de salvarla del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero?
R. A las palabras del presidente hay que ponerles letra y el plan que en este momento ha diseñado la Sepi no va en la misma dirección.
"Hay que ver la deslocalización como una oportunidad y no como una amenaza"
"Se necesitan gaseros porque los astilleros coreanos se encuentran saturados"
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P. ¿Qué pueden hacer ustedes para presionar a la Sepi para que cambie de posición?
R. Lo que ya hacemos. Está en quiebra técnica y creo que las administraciones públicas, independientemente de lo que cueste, tienen que hacer un análisis y un plan de apuesta real para el sector naval en España en su conjunto y para la industria auxiliar. Hay que hacer competitivos a los centros de trabajo, lo que en otros países europeos con los mismos problemas se ha demostrado que puede hacerse. Precisa una especialización con tecnología avanzada y eso no se improvisa.
P. En la Comisión de Industria alegó que La Naval tenía un dueño, responsable de su futuro. Ha firmado un acuerdo con el comité de empresa que el PSE considera que sólo sirve para cuando ya esté salvado el astillero. ¿Hacen ustedes realmente algo por salvarlo?
R. Lo que dije en la Comisión es que en esta empresa hay diferentes protagonistas con distintos papeles. Esta empresa tiene dueños, la Sepi, un empresario público, y hay que exigirle lo mismo que a uno privado: Establezca un plan de futuro, las condiciones de viabilidad de su empresa. Pero no sólo pido ese plan a la Sepi, sino a la administración central del Estado, a la que nosotros acompañamos. Analicemos el futuro del sector naval y luego veamos qué debemos hacer cada uno. El acuerdo firmado con los sindicatos va en la misma línea. Estamos en contra de la segregación y pedimos el mantenimiento en el grupo público porque la alternativa es la quiebra.
P. ¿Pero la idea es llevarla a la quiebra para hacer el volatín y crear una nueva sociedad con los activos que quedan?
R. Esa es la idea. El plan de la Sepi es quebrar la actual Izar y de ahí segregar una serie de activos y empleos. La vieja está muerta empresarialmente y no tendría actividad. Habría una serie de personas y unos activos afectos a la quiebra. En esa situación no sé si algún potencial naviero o armador internacional o español podría pensar en contratar en esos astilleros. A mí, esas condiciones no me animarían demasiado. No cuando sus dueños anuncian desde hace meses su quiebra. Si eso es salvar La Naval, lo pongo muy en duda.
P. ¿Para el Gobierno la única solución es entrar en la New Izar?
R. Para nosotros la solución es que siga perteneciendo al grupo público estatal que se salva. Todo lo demás es quiebra, muerte empresarial. Es la única posibilidad de dotar de actividad y carga de trabajo. En este momento no tiene ninguna actividad, pero no es porque no haya carga de trabajo, que la hay, sino que la situación patrimonial no permite asumirla. Hay empresas que siguen necesitando gaseros. También es verdad que cada día que pasa con esa inactividad hace que La Naval de Sestao esté más fuera del mercado.
P. Hay carga de trabajo en el mercado, pero La Naval llevaba dos años sin contratar nada por la competencia asiática.
R. La única ayuda que se permiten en Bruselas es la de la modificación de los petroleros medianos monocasco a doble casco. Además hay necesidad de gaseros porque los astilleros coreanos están saturados en este momento. De hecho, hay gaseros en el mercado y se ha dado a Izar la posibilidad de que oferte precios.
P. ¿Entonces porque se lleva dos años sin firmar un contrato?
R. Porque la situación patrimonial y financiera en este momento es complicada.
P. ¿Pero es complicada desde que la Comisión Europea reclama las ayudas?
R. No exactamente. Es complicada porque no se adoptaron las medidas para hacer un plan de competitividad del conjunto del sector. Hace falta voluntad.
P ¿Y el Gobierno vasco la tiene, para colaborar con Sepi o el Gobierno central?
R. Claro que sí. Lo hemos puesto de manifiesto por escrito. ¿Cree que en otro caso los sindicatos de La Naval hubieran firmado el acuerdo?
P. Hay quien dice que se los han llevado al huerto.
R. Creo que no. Estamos hablando de todos los sindicatos con perfiles completamente diferentes. Si están todos de acuerdo será por algo más. No pongo en duda la inteligencia de nadie.
P. ¿Cómo se afronta desde el Gobierno vasco el desafío de las delocalizaciones? ¿Hay una política industrial para eso?
R. Creo que sí. La deslocali-zación no es un fenómeno nuevo. Me preocupa en cuanto es un cierre total o parcial de una actividad que afecta al empleo. La política que podemos desarrollar para evitar estas situaciones es mantener nuestras posiciones centradas en actividades innovadoras, de mayor valor añadido. Luego aprovechar los mercados igual que los competidores. Hay que internacionalizarse. Nuestras empresas tienen que aprovechar las oportunidades de localización como una posibilidad y no como una amenaza y lo deben hacer para mantener el empleo aquí. De hecho, lo están haciendo.
P. La estabilidad laboral favorece la actividad industrial. ¿Cómo le afecta el alto nivel de conflictividad y la división sindical?
R. La situación de cada sindicato es legítima. Sí animo a reflexionar sobre determinadas situaciones con resultados que no benefician a nadie. Mantener un conflicto colectivo durante mucho tiempo sin llegar al más mínimo acuerdo puede implicar la decisión empresarial de cerrar o suprimir parte del empleo y eso no beneficia ni a empresarios ni a sindicatos ni a nadie. Al final, tenemos menos empleo y menos actividad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de octubre de 2004