El Gobierno pretende consensuar con todos los partidos democráticos una Alianza contra el Terrorismo Internacional, al que considera un problema de Estado, cuyas bases son las que siguen:
- Desvincular el islam del terrorismo de Al Qaeda. El Gobierno quiere dejar claro que hay que separar el islam del terrorismo de Al Qaeda, y recalca que no deben confundirse las causas del terrorismo internacional con los pretextos que alegan quienes lo practican.
- Apartar de la confrontación política la lucha antiterrorista. El nuevo acuerdo obligaría a todos los firmantes a apartar del ámbito de la confrontación entre los respectivos partidos las políticas dedicadas a prevenir y combatir el terrorismo internacional.
- Nunca ceder al chantaje de los terroristas. De la violencia terrorista no debe extraerse, en ningún caso, ventaja o rédito político. La alianza propone que todas las formaciones se comprometan a no hacer concesiones ni ceder a chantajes planteados por el terrorismo internacional ni por ningún otro terrorismo.
- Dotación adecuada de medios. El pacto garantiza una dotación adecuada de medios humanos, materiales y técnicos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desarrollar su labor en óptimas condiciones.
- Mutuo acuerdo para reformas legales. Las bases para el pacto señalan que si hicieran falta reformas legales para combatir nuevas formas delictivas que constituyeran colaboración o incitación al terrorismo internacional, como el uso de lugares de culto para generar subculturas basadas en el odio y la justificación de la violencia terrorista, los partidos se comprometen a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
- Cooperación internacional. Todos los partidos se deben comprometer a trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas de cooperación en el marco de la Unión Europea y de Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos que plantea el terrorismo internacional. Entre las medidas de esa cooperación se incluyen intercambios económicos y culturales equitativos entre las sociedades occidentales y el mundo islámico, y a fomentar el diálogo intercultural y entre religiones, tanto dentro como fuera de las fronteras estatales.
- Ley de Solidaridad con las Víctimas. La ley vigente se hace extensiva a todas las víctimas de los atentados del 11 de marzo y del 3 de abril (Leganés), así como a los españoles que sean víctimas del terrorismo internacional fuera de España.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 2004