El nuevo pacto de Estado contra el terrorismo internacional que el Gobierno planea proponer a los partidos, como colofón a la Comisión de Investigación del 11-M, plantea una mayor colaboración entre Occidente y el mundo islámico. El Gobierno parte de que este tipo de terrorismo constituye una amenaza que se cierne en particular sobre las sociedades abiertas, tolerantes y crecientemente multiculturales, y que atenta contra el pacífico entendimiento entre civilizaciones.
La parte más innovadora de la propuesta que prepara el Gobierno consiste en desvincular el islam del terrorismo y en no confundir las causas del terrorismo internacional con los pretextos, como la situación de Oriente Próximo, que alegan quienes lo ejercen. "Ningún objetivo político justifica la violencia terrorista, cuya práctica es contraria tanto a la legalidad nacional como internacional y de cuya práctica sólo son responsables los propios terroristas y quienes les apoyan", se afirma en el borrador redactado por el Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN
El Gabinete señala que la cooperación internacional resulta indispensable para combatir el nuevo terrorismo. Dicha colaboración debe tener como marco preferente la Unión Europea y los países del Magreb, especialmente Marruecos, así como la ONU y las relaciones trasatlánticas.
Según el análisis del Gobierno, la cooperación no debe limitarse al ámbito policial y judicial, sino que también debe promover el diálogo intercultural y entre religiones, dentro y fuera de las fronteras estatales. La colaboración debe extenderse, según el Ejecutivo, a los países musulmanes y a las comunidades islámicas en España. También aboga por lograr "avances sustanciales" en la resolución pacífica de los conflictos políticos internacionales, de los que se sirven como excusa los promotores del terrorismo.
Además de estas peculiaridades, la propuesta que estudia el Gobierno plantea otras iniciativas experimentadas en la lucha contra ETA. Figuran entre las más relevantes la obligación de eliminar del ámbito de la confrontación partidista las políticas dedicadas a prevenir y combatir el terrorismo internacional y el compromiso de que no debe obtenerse ninguna ventaja política de la actividad terrorista. También procede de la experiencia de la lucha contra ETA el compromiso de los partidos de no ceder a los chantajes planteados por los violentos.
La propuesta del Ejecutivo abre la puerta a reformas si la legislación vigente es insuficiente para afrontar el reto de las nuevas formas delictivas, como, por ejemplo, el uso de lugares de culto con el objetivo de generar una subcultura basada en el odio y la justificación de la violencia terrorista.
En el campo de la lucha policial, el Gobierno concede especial importancia a la labor de la inteligencia y la coordinación entre países para desbaratar las redes del terrorismo y su financiación internacional.
El Gabinete contempla la posibilidad de constituir una Comisión de Seguimiento del pacto contra el terrorismo internacional, como sucede con el suscrito contra ETA, que sirva para intercambiar información entre los partidos y como instrumento dinamizador de la movilización social contra el nuevo reto.
El Gobierno propone que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo sea aplicada a quienes sufran atentados del terrorismo internacional. Esa ley, aprobada en 1999 con apoyo de todos los partidos, estaba hasta ahora destinada únicamente a las víctimas de ETA.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de diciembre de 2004