La Fiscalía de la Audiencia de Cádiz ha remitido una denuncia a los juzgados de Instrucción de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) por una operación de enajenación de suelos aprobada en marzo de 2003 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, presidido por Juan Rodríguez (PP), por considerar que la operación puede ser constitutiva de delito. En un escrito del pasado 12 de enero, el fiscal concluye que "los hechos pudieran tener significado penal".
La Fiscalía responde a la denuncia presentada por el secretario del Partido Andalucista, Antonio Prats, según el cual la Comisión del Gobierno compensó "irregularmente" la deuda que el Ayuntamiento mantenía con la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, Urbaser, a través de la venta de parcelas en la Loma de Martín Miguel, por valor de unos cinco millones de euros, a pesar de que el suelo no era de propiedad municipal por estar cedido a la Gerencia de Urbanismo, un ente autónomo del Ayuntamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005