La diferencia entre lo que los catalanes pagan al Estado y lo que después reciben de la Administración central asciende al 7,6% del PIB catalán. Ése es el déficit fiscal estructural que ayer dieron a conocer oficialmente los expertos nombrados por la parte catalana de la comisión mixta de valoraciones Estado-Generalitat. En 2001, la cifra ascendió al 9,2% del PIB: 11.307 millones de euros. El consejero de Economía, Antoni Castells, calificó de "excesivo" el déficit y explicó que el Ejecutivo catalán "estudiará distintas alternativas para reducirlo" durante la negociación del nuevo modelo de financiación.
El comité de expertos entregó ayer al Gobierno catalán la redacción definitiva del informe sobre la balanza fiscal de Cataluña con la Administración central. Con dos datos clave: el déficit estructural, una media que toma como base el periodo 1986-2001, se sitúa en el 7,6% del producto interior bruto (PIB), y el déficit de 2001 alcanza el 9,2% del PIB, es decir, 11.307 millones de euros. Ese último dato es el resultado de una aportación a la Administración central de 36.240 millones de euros y de la realización de unos gastos por importe de 24.932 millones de euros. Y supone casi 1.700 euros por persona al año, tomando como referencia 2001.
Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona (UB), explicó en la presentación del informe que los datos fundamentales que arroja el estudio están calculados atendiendo al criterio del flujo monetario, que imputa el gasto público en el lugar en que se realiza. Ese criterio "es el adecuado para evaluar el impacto económico del gasto público sobre el crecimiento económico", según Bosch. El déficit estructural se presenta con ese mismo criterio "neutralizado con el déficit de la Administración central, para corregir las variaciones del ciclo económico y facilitar las comparaciones con otras regiones españolas y europeas", dijo.
Datos actuales
Pese a que el año de referencia del estudio es 2001, Bosch explicó que los datos más relevantes -básicamente, el déficit estructural- "son plenamente trasladables a la actualidad", a pesar de que en 2002 empezó a aplicarse el nuevo sistema de financiación pactado por el Ejecutivo de CiU, con el entonces consejero Francesc Homs a la cabeza. El estudio contiene una aproximación a los resultados de 2002. A pesar de que no ofrece una cifra cerrada, la comisión asegura en el documento que no se ha producido "una corrección sustantiva de la tendencia de fondo del déficit fiscal registrada en años anteriores".
Castells aseguró que las cifras consensuadas por los técnicos "son una base común que será extraordinariamente importante con vistas a los principales retos que deben resolverse a partir de ahora", en referencia a las negociaciones entre los partidos políticos catalanes para consensuar el nuevo modelo de financiación. El titular de Economía y Finanzas, que ha enviado el informe a los líderes políticos catalanes, explicó que el objetivo del Gobierno es estudiar las "distintas alternativas" que existen para reducir un déficit fiscal que no dudó en considerar "excesivo".
La comisión de expertos se constituyó el pasado 2 de diciembre, después de que los grupos políticos decidieran en la reunión de Miravet (Ribera d'Ebre) formar un grupo de trabajo para conocer el déficit fiscal de Cataluña. El documento se basa en un estudio realizado en 2003 por el anterior Ejecutivo que concluyó semanas antes de las últimas elecciones autonómicas y no se dio a conocer ante la proximidad de los comicios.
Además de Bosch, los miembros de la comisión -tutelados por el propio Castells y Montserrat Bassols- son Joan Francesc Corona, Joan Carles Costas, Guillem López Casasnovas, Eduard Rius, Ramon Tremosa, Matias Vives, Antoni Zabalza, Joan Ramon Rovira, Xavier Sala Martín, Joaquim Solé Vilanova, Maite Vilalta y Marta Espasa.
Los expertos ofrecen en el informe varios datos más, con otros criterios estadísticos. Si se neutraliza el déficit fiscal con el déficit estatal, la cifra de 2001 se reduce al 7,5% del PIB, es decir, 9.266 millones de euros. Y si en lugar de utilizar el criterio del flujo monetario se emplea el del flujo de beneficio (la asignación del gasto se realiza en la región en la que reside el beneficiario del bien o servicio público), el déficit catalán de 2001 se sitúa en el 6,8% del PIB, lo que supone 8.407 millones de euros.
Difícil encaje
Los gobiernos del PSOE y del PP se han resistido sistemáticamente a publicar datos sobre las balanzas fiscales de las comunidades autónomas, pero es que ni siquiera hay datos actuales con suficiente fiabilidad de regiones similares a Cataluña en la Unión Europea, según los hacendistas.
El estudio elaborado por la comisión de expertos arroja luz sobre una cifra controvertida, como paso previo ineludible para fijar las bases de la negociación sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero el consejero Antoni Castells tiene ante sí un difícil encaje de bolillos, según los expertos consultados. "CiU y ERC han presentado ya propuestas muy similares al concierto vasco, con la única diferencia de la cuota de solidaridad. Pero difícilmente Madrid va a aceptar un órdago parecido", explicaba ayer uno de los técnicos tras la rueda de prensa de presentación del estudio. "Lo más probable es que se decida por un nuevo sistema parecido al actual, pero con mayor participación en la cesta de impuestos para incrementar los ingresos que recibe Cataluña", según otro de los técnicos.
Castells apenas ha dado pistas sobre su propuesta, aunque ha dejado claro que persigue recaudar y gestionar todos los impuestos en Cataluña y que sea aplicable a todas las comunidades, siempre tomando como punto de partida el acuerdo del Tinell en los aspectos relativos a la financiación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005