Hasta el próximo día 12 de febrero, es decir, a lo largo de 13 días, los representantes de 190 países miembros de la Unesco discuten en París un proyecto de tratado destinado a proteger la llamada diversidad cultural. "Hablar de diversidad cultural en vez de excepción cultural no significa concesión alguna", explica un experto francés, "puesto que la diversidad es el objetivo, mientras que la excepción es la política a seguir para conseguir aquél". Al debate entre los distintos países, que comenzó ayer, se ha llegado sin un texto previo, y, por tanto, muchas cuestiones están abiertas. "De lo que disponemos es de un material que hace inventario de casi todas las propuestas alternativas", constatan en la delegación española.
Algunos países, como Estados Unidos y Japón, así como, aunque en menor medida, Holanda, no comprenden la necesidad de la convención y del tratado, pero aceptan negociarlo para no pasar por los dinamiteros de una idea en la que no están interesados o en la que no creen. Los mayores enfrentamientos se prevén en torno al artículo 19, que establece que la convención se aplicará allí donde no contradiga acuerdos internacionales previos, y siempre y cuando un país no estime que vulnera su identidad cultural. Obviamente, los países que pueden creer que su identidad cultural está en peligro son los que menos armas tienen para oponerse al rodillo uniformizador de la globalización de la mano de las multinacionales de la cultura, pero nada impide que, por ejemplo, Estados Unidos se sirva también del concepto para boicotear la puesta en práctica del tratado.
Participación de la UE
Otro embrollo sustancial viene de acuerdos anteriores, como por ejemplo el que atribuye a la Unión Europea (UE) competencias exclusivas para discutir tratados de comercio a escala internacional. La UE tiene transferidas las competencias comerciales pero no las culturales, y en muchos casos, cuando se habla de producción y difusión cultural, también se habla de comercio, y la frontera de hasta dónde puede justificarse el proteccionismo o una política activa de respaldo es más que borrosa. La UE pide participar en la redacción del tratado como observador dada la dimensión comercial de las negociaciones, pero varios países consideran que no es justo que la UE participe como colectivo, al mismo tiempo que lo hace individualmente, a través de cada uno de los Estados miembros.
Estados Unidos quiere desactivar la batalla a favor de la defensa de la diversidad cultural a través de una política de hechos consumados. En materia audiovisual, por citar un sector que mueve mucho dinero, tanto como la industria armamentística, su dominio del mercado mundial es apabullante y son muy pocos los países, por ejemplo, cuya industria cinematográfica nacional consigue conservar más allá de un 30% o un 35% del propio mercado interior, como es el caso de Francia o Corea del Sur. Y lo dicho para el cine puede hacerse extensible a la televisión o al disco, con la consiguiente imposición de modelos de vida y difusión del inglés como único idioma universal.
En Marruecos, en Chile o en Camboya, por citar casos recientes, los negociadores estadounidenses han llegado a acuerdos concretos con cada uno de los países, abriendo su mercado a determinados productos agrícolas a cambio de obtener facilidades para imponer "paquetes de películas" -contraviniendo las bases de la libre concurrencia-, hacerse con un porcentaje importante de la televisión de cada país o logrando que los canales privados o difundidos por cable queden fuera de cualquier política de cuotas, inmediatamente tachada de "proteccionista".
Para la Organización Mundial del Comercio (OMC), la discusión de la Unesco es también muy importante, pues, de prosperar, es decir, de producir un texto cuya legalidad prevalezca sobre la establecida por otros tratados, recortará de manera importante las atribuciones de la OMC, además de abrir la puerta a otras futuras limitaciones, como podría ser la de la liberalización de los servicios actualmente en discusión. Es más, muchos de los productos culturales, su existencia misma, dependen de cómo se negocie la liberalización de ciertos servicios, como puede ser el acceso a Internet o al cable, por poner ejemplos de soportes de difusión que quedan al margen de cualquier consideración cultural, pero pueden determinar la supervivencia de ciertas industrias culturales. Un embrollo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005