La Junta Central de Usuarios del trasvase del Vinalopó y la Generalitat exigieron ayer que se cumpla el plan de la cuenca del Júcar, que contempla transferir un máximo de 80 hectómetros cúbicos anuales, y rechazaron los cambios que prevé el Ministerio de Medio Ambiente en el proyecto. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó que exigirá al Gobierno socialista su ejecución "tal y como estaba acordado, en todos sus extremos y en todas sus consecuencias". El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, también criticó con dureza el anuncio del director general del Agua, Jaime Palop, de reducir el trasvase tras la revisión de las necesidades del Júcar y eliminar el abastecimiento a las poblaciones costeras de L'Alacantí y la Marina Baixa, que recibirán agua de desaladoras.
Usuarios y Generalitat exigen el plan original de hasta 80 hectómetros cúbicos
"Demuestra un profundo desconocimiento o mala fe en estas declaraciones", dijo García Antón tras reunirse en Alicante con los usuarios del futuro trasvase. "Garantizamos el suministro, si los regantes necesitan ayudas las concederemos y para abastecimiento humano el agua queda garantizada", aseguró el consejero, dispuesto "si hace falta a apoyar económicamente" a los regantes ante una posible subida de precios por la exclusión de los abastecimientos a la costa.
Andrés Martínez, presidente de la Junta Central de Usuarios del trasvase, que engloba a regantes y poblaciones, hizo hincapié en que el trasvase se destina "a paliar la sobreexplotación de acuíferos y el abastecimiento de la Marina Baixa", y recalcó que la entidad defenderá incluso ante los tribunales el plan de la cuenca del Júcar, "con todos los respetos" a las necesidades del río, y el convenio firmado con la empresa pública Aguas del Júcar para acabar la obra en 2007. Martínez resaltó que "no se pueden desenganchar del trasvase los consumos urbanos", con poblaciones "a 60 kilómetros de la costa", y recordó que los beneficiarios se comprometieron a aportar un tercio de los 220 millones de euros de inversión. "De los 75 millones de euros, 30 los paga el regadío" y el resto 38 poblaciones. Los usuarios preveían el siguiente reparto: 45 hectómetros cúbicos para regadíos y 35 para el abastecimiento urbano -11,5 para la Marina y el resto para el Vinalopó y L'Alacantí-, y ayer se mostraron preocupados por el impacto de los cambios sobre los precios del agua y los acuerdos con las poblaciones. Martínez resaltó que los agricultores no podrán asumir nuevos costes.
Los usuarios del Vinalopó consideran que el ministerio pretende eliminar todos los consumos urbanos del trasvase. Por contra, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, explicó ayer que se desvinculan del trasvase los abastecimientos de la costa de la Marina Baixa y de L'Alacantí, pero que sí llegará agua para abastecer el interior del Vinalopó. Las localidades de la costa consumen agua del acuífero del Vinalopó -Alicante, por ejemplo, saca unos 30 hectómetros cúbicos del de Villena- y sus necesidades futuras se cubrirán con la desalación. La CHJ también espera llegar a acuerdos para que los bombeos actuales "se vayan sustituyendo por desalación". El trasvase desde el Júcar deberá servir para frenar la sobreexplotación de acuíferos, tanto para regadío como abastecimiento, en el medio Vinalopó, indicó Moragues.
La revisión del proyecto ha dejado claro que no se garantizaban las necesidades ambientales del Júcar y L'Albufera y tampoco los déficit de los regadíos tradicionales, por lo que se reducen los recursos a transferir. El ministerio insiste en que la modernización de regadíos en el Júcar y la gestión integral de todos los recursos son la condición para que el trasvase sea viable. En esa línea, la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, garantizó ayer que aportará 30 millones de euros para impulsar la modernización de regadíos -que correspondían a la Generalitat y que sufren un importante retraso-, según anunció el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla.
El ministerio pondrá en marcha una comisión de seguimiento del trasvase con el fin de elaborar unas normas de explotación que concreten las condiciones de la transferencia. Fuentes de la sociedad Aguas del Júcar aseguraron que se trabaja para que no haya una subida de precios para el regadío, al tiempo que subrayaron que el reparto del agua "no vincula" a la empresa y depende de las normas de explotación. Los regantes, además, aún no han aportado dinero, con el 35% de la obra ejecutada.
Seo/ Birdlife, Greenpeace y la plataforma Xúquer Viu pidieron de nuevo al ministerio que paralice las obras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005