El Gobierno francés acudió raudo a salvar a su gigante industrial Alstom participando el pasado año en una importante ampliación de capital, pero se ha olvidado de cumplir las condiciones que, a cambio, le impuso Bruselas. La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, criticó ayer los incumplimientos del Gobierno francés y amenazó con denunciar el caso de Alstom ante el Tribunal de Justicia.
Las discrepancias vienen de atrás. La Comisión Europea, tras una larga negociación, autorizó al Gobierno francés inyectar ciertas ayudas a Alstom para salvar a la firma de la crisis. Pudo así acudir a una ampliación de capital de 700 millones de euros, aumentando hasta el 31,5% la participación pública del grupo. En total, las ayudas de Estado que habría recibido Alstom rondan los 2.300 millones de euros.
A cambio, Alstom, una multinacional que emplea a 75.000 trabajadores en 70 países, debía reducir su tamaño a una tercera parte (lo que obligó a vender su planta de fabricación de locomotoras en Valencia) y abrirse a acuerdos con a terceros que, a su vez, no estuvieran participados públicamente en Francia. Por su parte, el Gobierno de París se comprometía a abrir a la competencia su mercado de equipamiento ferroviario.
Carta a París
Seis meses después del acuerdo, Neelie Kroes ha hecho saber a través de una carta enviada a París y ayer a través de su portavoz en la Comisión Europea que algunas de las condiciones más importantes de ese acuerdo no se han cumplido y que está dispuesta a denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE por "utilización abusiva de una ayuda de Estado", si bien también otorgará un plazo de "unas pocas semanas" antes de hacerlo. "Lo que nos gustaría que hiciera el Gobierno francés es que aplicase inmediatamente las medidas acordadas
", dijo el portavoz de Kroes, Jonathan Todd.
La Comisión Europea intenta, no obstante, evitar una nueva batalla con París por este asunto y, en ese marco, se inscribe la reunión mantenida por miembros del gabinete de Kroes con expertos del Ministerio de Economía francés. Ambas partes se limitaron a informar después del encuentro que seguirán negociando para aplicar los acuerdos suscritos. Mientras, las acciones del grupo se desplomaban en la Bolsa de París.
Bruselas destacó tres de las medidas que París no ha puesto en marcha todavía. Se trata de la aplicación de la directiva sobre mercados públicos de transportes, que Francia debía haber aplicado desde el 1 de noviembre de 2004 y que supone liberalizar el mercado del equipamiento ferroviario, quizá la más importante línea de negocio del grupo y en el que actúa en situación de privilegio.
También alega Bruselas que París no ha suprimido, como se acordó, la obligación jurídica que tienen las compañías ferroviarias de consultar a la firma francesa pública de ferrocarriles SNCF para obtener certificados de seguridad. Por último, la Comisión Europea recuerda que París tampoco ha creado todavía una autoridad independiente, que debía haber empezado a funcionar el 1 de enero pasado, y que debía ser la encargada de emitir esos certificados de seguridad.
Alstom es más conocida por la construcción de material ferroviario y el tren de alta velocidad TGV, pero también es un importante constructor naval y de centrales eléctricas. España ha hecho importantes pedidos a Alstom tanto para su red ferroviaria como para sus redes de metro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005