La iniciativa autonomista de la provincia boliviana de Santa Cruz ha provocado una amplia reacción en todo el país con posiciones que van desde la oposición más radical a las peticiones que piden profundizar en la descentralización prácticamente hasta el nivel de barrio. Y, sobre todo, ha contagiado a movimientos indígenas y cocaleros, que exigen su propia autonomía.
El Gobierno del presidente Carlos Mesa ha optado por una estrategia de diálogo, según sus representantes, o no ha tenido más remedio que mostrar su debilidad dejando que la agenda política le sea marcada, según acusan sus detractores. En La Paz amplios sectores entienden la necesidad de descentralizar el Estado, pero rechazan el victimismo de los autonomistas cruceños.
"Santa Cruz es la empresa más subvencionada que existe y el diésel es parte de esa subvención", opina Ana María de Campero, el primer Defensor del Pueblo boliviano, que ejerció su cargo entre 1998 y 2003. Campero ve injustas las quejas cruceñas sobre su presunto abandono por parte del Estado centralista. "El desarrollo de Santa Cruz es una política que han seguido todos los Gobiernos de todos los signos desde 1946. De hecho, debe ser la única política de Estado que se ha realizado en Bolivia", añade.
La convocatoria de una Asamblea Constituyente -prevista en principio para el próximo junio, aunque ya se habla de diciembre- está en la base de las reivindicaciones autonomistas en opinión de Campero. "Los miembros del Comité Cívico son una élite que vive en otro mundo y están asustados". Para la ex defensora del pueblo y actual directora de la organización UNIR, la propiedad de la tierra es una de las claves detrás del movimiento. "Tienen miedo, sobre todo los que han recibido tierras del Estado a ningún costo. Hay propietarios que ni siquiera se han molestado en registrarlas. ¿Por qué no dicen que Santa Cruz es el departamento donde más impuestos se evaden?".
Aunque el carnaval paraliza extensas zonas de Bolivia, las intenciones de Santa Cruz han disparado la actividad política por todo el país y en todas las direcciones imaginables. Los indígenas cocaleros marchan por las calles de Cochabamba exigiendo autonomías no sólo para las regiones, sino también para las "naciones indígenas". En la misma línea se ha manifestado el líder indígena del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales. Los alcaldes de todo el país han exigido que, junto al referéndum de junio sobre las autonomías, se proceda a la elección de la Asamblea Constituyente, mientras en La Paz se reunieron líderes empresariales de Santa Cruz con partidos de izquierda a quienes explicaron que sus aspiraciones no son independentistas.
Un gasto mucho mayor
Para liar más la madeja, José Yucra, gobernador de la petrolera provincia de Bermeja, en la región de Tajira, ha exigido que las provincias sean autónomas de las regiones y éstas a su vez del Estado. "Nadie se atreve a decir que descentralizar supone un gasto mucho mayor. ¿De dónde van a sacar el dinero?", se preguntaba un alto ejecutivo en La Paz.
"Es verdad que el país se mueve en unos términos de elevada conflictividad, tal vez la mayor de todos los periodos democráticos anteriores, pero la respuesta del Estado es diferente porque no ha recurrido a la violencia", apunta Adrián Oliva, viceministro de Interior boliviano, para quien esta actitud no debe de confundirse con debilidad. "El equilibrio entre el diálogo y el principio de autoridad es muy frágil. La crisis vivida en octubre de 2003 [una sangrienta revuelta que acabó con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la llegada a la presidencia de Carlos Mesa] ha demostrado que la violencia estatal no es el marco que permite establecer un marco de estabilidad política".
Pero otros no son tan optimistas. "Lo de Santa Cruz ha sido sedición y el próximo paso será la fragmentación del país", ha subrayado Gabriel Peláez, un conocido periodista y politólogo. La crisis de Santa Cruz ya ha tenido su primera víctima en el Gabinete de Mesa, Roberto Barbery, ministro de Participación Popular y uno de los máximos defensores de las autonomías. Otros dos ministros en la cuerda floja son Guillermo Torres, ministro de hidrocarburos cuya subida desató la presente crisis, y Horst Grebe, ministro de Desarrollo Económico.
"Este Ejecutivo se define como un Gobierno de transición", explica el viceministro de Interior, quien añade: "Creemos que hay que establecer un nuevo pacto social e institucional que nos permita superar las dificultades. Los problemas de Bolivia son la pobreza y la exclusión".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005