El gobierno municipal de Majadahonda (60.000 habitantes) está roto. El alcalde, Guillermo Ortega Alonso, del PP, está a punto de presentar su dimisión ante la dirección del partido. Fuentes del PP dan por hecha su salida en los próximos días (es "inminente", dicen). El equipo de gobierno -15 concejales, contra siete del PSOE, dos del CDS y uno de IU- se ha dividido en dos: de un lado, tres ediles en torno a Guillermo Ortega Alonso; del otro, 10 ediles agrupados por Narciso de Foxá, ex concejal de Urbanismo, ex primer teniente de alcalde y actual presidente de la sociedad municipal Pammasa.
El grupo municipal socialista cree que la división se ha producido precisamente por la gestión de esta empresa que, según el PSOE, ha provocado pérdidas al Ayuntamiento por valor de 108 millones y la quiebra financiera del Consistorio. Un informe elaborado por ediles próximos a Ortega avalan esta cifra.
Los socialistas hablan de "trama financiera" para referirse a la gestión de la empresa pública Pammasa. Ésta es una sociedad creada en 1992 por el entonces alcalde Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP-Madrid. Su objeto social abarca toda la actividad urbanística, desde la gestión y urbanización del suelo hasta la edificación de viviendas. A pesar de tener un 100% de capital municipal, no la controla el actual alcalde, sino su presidente, Narciso de Foxá.
Según los socialistas, la empresa ha descapitalizado en los últimos años al Ayuntamiento, llevándole a la quiebra. ¿Y cómo lo ha hecho? El Ayuntamiento cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que sobre ellas se levantasen viviendas de protección oficial. Pammasa, a su vez, vendía a las promotoras los derechos de construcción de estas viviendas libres a cambio de una compensación económica: 30.000 euros por cada piso protegido no construido. El Ayuntamiento se veía obligado así a asumir la obligación de levantar las casas protegidas que no hacían los privados. Los socialistas llaman a esta operación "el permutazo".
Ortega, según ediles del PP, al descubrir el entramado, paró una operación en 2004, la referente a la parcela RN1 con 261 posibles casas, y sacó a concurso el suelo para vivienda libre. Sin embargo, Foxá, que defiende la gestión de Pammasa, afirma que las irregularidades se producen al intentar Ortega vender las parcelas en concurso libre. Ortega quería vender a 1.600 euros el metro, pero Foxá dice que vale, por lo menos, 2.700.
Un dossier elaborado por concejales del equipo del gobierno cifra en 1.285 viviendas las operaciones que Pammasa realizó con privados entre los años 2000 y 2002. Y ponen como ejemplo que en la parcela RN9 (un solar de 16.000 metros cuadrados y donde podían ser edificadas 132 viviendas libres), "el Ayuntamiento ha sufrido un quebranto económico de 2.753 millones de pesetas [unos 16 millones de euros]".
El informe de los ediles del PP asegura que con el agujero económico ocasionado al Ayuntamiento se podrían haber levantado 3.755 pisos protegidos. Majadahoda ha edificado sólo 1.000 pisos con algún tipo de protección desde 2000.
Cesión de derechos
En un carta que Foxá dirigió a las promotoras en junio de 2000 se lee: "Es intención de Pammasa ceder derechos para edificar viviendas libres, por un monto total de 377, asumiendo la obligación que tienen otros promotores de edificar viviendas sujetas a algún tipo de protección, a cambio de una contraprestación económica. Las ofertas deberán superar el precio mínimo de 30.000 pesetas el metro cuadrado, con un mínimo de tres millones de pesetas por vivienda".
El citado dossier del equipo municipal asegura que en 2004, Ortega descubrió la operación y paralizó otra nueva cesión a Pammasa: la parcela RN-1, con 261 viviendas libres. La parcela fue valorada por el arquitecto municipal, ajustándose a la ley y virtud de que el Ayuntamiento la consideraba destinada a vivienda protegida, en 1.515 millones de pesetas, cuando su valor de mercado era de 9.272 millones de pesetas (precio que habría obtenido el Consistorio si la hubiera vendido en subasta). El alcalde frenó la venta y la sacó a concurso por los citados 9.272 millones. Se presentaron 11 empresas.
Narciso de Foxá explica que el procedimiento de venta de derechos por parte de Pammasa para edificar vivienda libre es transparente. "Se adjudicaron por subasta, y al precio que dijo el arquitecto municipal. Además todos los grupos políticos del Ayuntamiento lo aprobaron por unanimidad, incluido el PSOE".
Fuentes del grupo de ediles contrarios a Ortega aseguran, por su parte, que donde se han producido las irregularidades es en el concurso para vender dos parcelas municipales de vivienda libre, la 2D y la RN-1. "No podíamos permitir que se nos obligara a aceptar la venta de suelo municipal a 1.600 euros el metro cuadrado como quería Ortega, cuando en Pozuelo se están vendiendo a 3.280; en Las Rozas a 2.900; y en Boadilla a 2.700. Con esta actuación el municipio va a perder unos 50 millones de euros", explican. "Es un escándalo", mantienen.
El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, reconoció hace unos días que Majadahonda vive "momentos delicados" derivados de la remodelación de su gobierno local, pero asegura que "nunca" se ha cuestionado la gestión del actual alcalde. "Está siendo un excelente alcalde y ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta. Es, desde luego, una ciudad que es un modelo dentro de la Comunidad y lo va a seguir siendo", afirmó.
Como máximo responsable de estos asuntos dentro de su partido, Granados explicó: "Desde el PP lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo: recoger los datos de lo que está sucediendo allí, que yo no calificaría de crisis, sino de momento delicado".
Denuncia ante la fiscalía
"El perjuicio que se ha producido al pueblo de Majadahonda con la venta de derechos de edificación de vivienda libre a precios ridículos es inmenso y alguien tendrá que responder por ello", sostiene Ricardo Núñez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Núñez no se opone a la venta de los derechos, "pero a precio de mercado", aclara. Lo que es inexplicable a juicio de los socialistas es que una empresa municipal convierta suelo protegido en libre a un señor "de la noche a la mañana por cuatro duros". Según Núñez, la dimisión del actual alcalde, Guillermo Ortega, no va a resolver la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento. "Puede acabar con la crisis política del PP, pero estas actuaciones se iniciaron en tiempos de Ricardo Romero de Tejada, y alguien tiene que responder del perjuicio económico que se ha ocasionado al pueblo".
El portavoz socialista indica que la actuación de Pammasa puede responder a incompetencia en la gestión, a que alguien se haya llevado el dinero o a una financiación ilegal de algún partido.
Al mismo tiempo recuerda que Hacienda puede reclamar al Consistorio una deuda por IVA de seis millones de euros. "Porque a Hacienda le da igual que el arquitecto valore los derechos como si estuvieran en suelo protegido. La realidad es que se trata de parcelas para edificar vivienda libre".
El grupo socialista denunció el 22 de octubre de 2003 ante la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente el procedimiento seguido por Pammasa para la venta de los derechos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005