El Departamento de Hacienda del Gobierno vasco y las tres diputaciones forales estudian fórmulas que den "seguridad jurídica" al Impuesto de Sociedades, anulado en aspectos esenciales por el Tribunal Supremo. Entre otras propuestas, en la reunión que celebraron ayer en Vitoria, analizaron la posibilidad de elevar las normas forales del impuesto a leyes del Parlamento vasco. Así resolverían la gran petición de los empresarios de no estar sujetos a incertidumbre. Una ley del Parlamento se podría amparar en la necesaria armonización fiscal de las normas tributarias.
Si el Impuesto de Sociedades tuviera rango de ley quedaría al resguardo de recursos ante los tribunales ordinarios. Las leyes sólo pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, mientras que las normas forales, aunque regulen materia reservada a ley, están sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. La paz fiscal firmada en 2000 entre Madrid y Vitoria garantiza que el Goberno central no recurrirá el contenido de futura ley aunque repitiera los contenidos anulados por el Supremo.Las haciendas vascas reiteraron ayer su mensaje tranquilizador sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anula las principales notas diferenciales que mantenía el Impuesto de Sociedades respecto a la normativa común. Recordaron que la liquidación del impuesto en el ejercicio de 2004, que se devenga en julio, no va a verse afectada por la norma anulada y que el problema se plantea para el ejercicio presente, para el que estudian diversas soluciones. Todas pasan por mantener el tipo del impuesto en el 32,5%, 2,5 puntos por debajo del vigente en territorio común. Las haciendas quieren agotar la vía judicial, pero sin riesgo a dar un patinazo. La sentencia del Supremo fue notificada la semana pasada y hay 20 días de plazo para presentar un recurso en amparo ante el Tribunal Constitucional, que los expertos ven muy difícil que sea admitido. Este tipo de recurso se debe sustentar en la violación de un derecho fundamental de las partes en el procedimiento.
Los ayer reunidos quieren también que el Ministerio de Economía, firmante de la paz fiscal en 2000, opine y se pronuncie sobre el problema creado con la sentencia anulatoria del Supremo. Entienden que se trata de un problema de Estado y que por tanto debe tener también una respuesta del Estado. En el comunicado conjunto de ayer, las haciendas vascas reafirmaron "la concepción del Concierto Económico como un pacto político bilateral entre Euskadi y el Estado así reconocido en el llamado bloque de constitucionalidad (Constitución y Estatuto) y, en consecuencia, su carácter de sistema fiscal general de aplicación universal".
Los responsables de las haciendas iniciaron ayer la búsqueda de soluciones conjuntas y se dieron un plazo para la reflexión. Probablemente mantendrán otro contacto previo a la reunión, el día 15, del Consejo Vasco de Finanzas, órgano que reúne a los tres diputados generales y sus diputados de Hacienda con la vicelehendakari y altos cargos de su departamento para acordar las aportaciones y las relaciones financieras entre el Gobierno y los territorios históricos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de febrero de 2005