El PP ha decidido acudir al Tribunal Constitucional por la tramitación en el Parlamento andaluz de las enmiendas que PSOE, IU y PA han presentado a las leyes que se cambiarán en virtud del acuerdo de impulso democrático, y a las que los letrados han hallado defectos formales. Durante la reunión de la Junta de Portavoces de ayer, los populares recibieron un aguacero de reproches del resto de los grupos por "intoxicar" con la supuesta ilegalidad de estas enmiendas y hablar de "atropello jurídico", al tiempo que los acusaron de verter "basura y falsedades" sobre la política.
La semana pasada se conoció que en las reuniones de la Mesa de la Comisión de Coordinación y de la Mesa de la Comisión de Justicia y Régimen de Administración Pública el letrado de ambas manifestó verbalmente objeciones a calificar varias de las enmiendas que PSOE, IU y PA habían presentado a dos de las leyes que se reformarán para dar cabida al impulso democrático, concretamente a las leyes Electoral y de Incompatibilidades de Altos Cargos.
Este letrado dijo que algunas de las enmiendas van más allá de la materia a modificar y no existe una conexión. Se trata fundamentalmente de las que introducen las listas cremallera (alternar hombre y mujer en las candidaturas electorales), la obligación de publicar el patrimonio y bienes de todos los candidatos y las cesantías de los altos cargos y delegados de la Junta. Con todo, fueron calificadas por acuerdo mayoritario de las respectivas mesas.
Las enmiendas son iniciativas a las que los populares se habían opuesto mientras que participaron en las negociaciones del impulso democrático y que los otros tres grupos decidieron incorporar al acuerdo después de la estridente salida del PP, que se fue con una campaña de acusaciones a los socialistas de intentar "blindar sus pensiones".
La Junta de Portavoces recibió ayer las actas de las mencionadas reuniones, pero no se despejó la polémica. PSOE, IU y PA sostuvieron que los reparos del letrado son puramente formales -él mismo aclara que no hay razones sustantivas ni de fondo sino de "homogeneidad"- y que, además, las opiniones de los servicios jurídicos no son determinantes ni constituyen un obstáculo para que unas enmiendas se tramiten. El portavoz del PSOE, Manuel Gracia, citó concretamente el caso de la Ley de RTVA, cuyas enmiendas se calificaron el mismo día que las otras (22 de febrero pasado), en una comisión distinta, también con la opinión contraria del letrado. "Claro que las enmiendas eran del PP e IU" apostilló Gracia.
La portavoz de IU, Concha Caballero, fue a más y dijo que las interpretaciones técnicas de los letrados no pueden condicionar la iniciativa legislativa parlamentaria porque eso sería "un suicidio de la Cámara".
Tanto Gracia como Caballero y Calvo [José, portavoz del PA], invitaron a su homólogo popular, Antonio Sanz, a señalar el artículo del Reglamento de la Cámara que supuestamente se vulnera y dónde se establece que la tramitación de una enmienda sin la opinión favorable del letrado correspondiente es irregular, como había dicho Sanz en un turno de palabra anterior. No lo hizo, pero sí habló de "atropello jurídico" de "blindaje parlamentario" del PSOE y de "tramitación irregular". También pidió amparo a la presidenta, Mar Moreno, y amenazó con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.
La presidenta denegó el amparo, al tiempo que lamentó que la petición de esta figura para el caso "desvirtúa" su sentido. Por la tarde, los populares enviaron un comunicado en el que Sanz anuncia que su partido tiene intención de recurrir ante el Alto Tribunal tras "la falta de amparo" de Moreno.
En la refriega dialéctica de la Junta de Portavoces, Gracia, Calvo y Caballero reprocharon al PP la estrategia de "intoxicación", "manipulación" y "mentiras" en su guerra sin cuartel contra el acuerdo de impulso democrático, sobre el que no ha dejado de verter "basura política y falsedades".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005