El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, se ha personado en el caso Gomérez, el proceso penal abierto en el juzgado de Instrucción número 6 de la capital por la muerte de un obrero sin papeles en una demolición municipal el 21 de diciembre. El consistorio lo hace en calidad de posible responsable civil subsidiario con la intención de acceder a los informes de la investigación judicial. El derribo, ordenado por el área de Urbanismo, se encargó a la contratista municipal Rehabilitaciones y Demoliciones Granada.
El Ayuntamiento ha tardado casi dos meses y medio en postularse como parte en el proceso en el que se decidirán las indemnizaciones que posiblemente tendrá que abonar a la familia del ecuatoriano Guillermo Estalin España, el trabajador sin permiso de trabajo y residencia que falleció en esa obra promovida por el municipio. Mediante su personación, el consistorio atiende los consejos de su asesoría jurídica que, el pasado 21 de febrero la estimó conveniente en un informe, según publicó ayer La Opinión.
"Al tratarse de obras en las que se había acordado la ejecución subsidiaria y resultando conveniente conocer tanto el informe de la Inspección de Trabajo, cuyo contenido ha aparecido en prensa y las demás actuaciones practicadas en tales diligencias , así como con objeto de aportar los documentos, informes y actuaciones municipales que pudieran resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos, se estima conveniente la personación de este Ayuntamiento en concepto de posible responsable civil subsidiario", decía el informe del letrado de la Gerencia de Urbanismo.
Relación contractual
El documento municipal recuerda "la relación contractual existente en el momento del accidente con la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones Granada" que subcontrató la obra antes de ejecutarla con otra constructora que, a su vez, la encargó a una tercera. El Ayuntamiento ya ha dado cuenta a su compañía de seguros de la posible responsabilidad civil (subsidiaria o directa) de la corporación.
El informe de la Inspección de Trabajo al que pretende acceder el Ayuntamiento le impone una multa de 90.151 euros como responsable directo de una infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales. "El promotor", es decir, el Ayuntamiento, "no ha de limitarse al nombramiento del coordinador de seguridad [como hizo en la demolición de Gomérez] sino que su obligación ha de extenderse a la vigilancia de que aquél o la dirección facultativa, en su caso, cumpla efectivamente con sus funciones velando por la aplicación de las medidas preventivas contenidas en el Plan de Seguridad". El municipio, según la Inspección, encargó las obras sin que ninguno de sus órganos aprobara ese plan.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005