La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la sentencia que condenó al Ayuntamiento de Barcelona a indemnizar a dos ciudadanos, vecinos del bar Gusto del barrio de Gràcia, por la "inactividad" con que el Gobierno municipal respondió ante el ruido que creaba el local, que fue reiteradamente denunciado por los vecinos.
La sentencia establece que la cuantía de las indemnizaciones se fijará durante su ejecución, aunque el abogado de los afectados, Lluís Gallardo, adelantó ayer que con toda probabilidad consistirá en el importe de la mensualidad del alquiler de las viviendas de los vecinos multiplicado por los 24 meses durante los que han soportado el ruido del establecimiento.
El texto del tribunal afirma que las acciones llevadas a cabo contra el bar -situado en la calle de Francisco Giner de los Ríos, número 24- por el Ayuntamiento, que abrió al menos tres expedientes, impuso una multa y llegó a precintarlo, fueron "insuficientes" porque no evitaron la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos. El Ayuntamiento, a través del distrito de Gràcia, respondió anteayer que la sentencia "cambia la perspectiva en la persecución de las actividades que producen molestias por ruido".
Protesta en Ciutat Vella
La contaminación acústica también es el tema de buena parte del manifiesto Por una Ciutat Vella justa y habitable, que presentaron ayer una decena de asociaciones de vecinos y entidades del distrito. Entre otras cuestiones, el texto exige al Ayuntamiento que "vele" por el cumplimiento de la normativa sobre ruidos y horarios de los locales, insta a que "se detenga de forma inmediata" el alquiler ilegal de pisos para turistas" y sugiere que el futuro plan de usos amplíe la prohibición temporal de abrir bares, discotecas y hoteles a la zona norte del Casc Antic y a la parte sur del Raval, con el objetivo de evitar molestias. Actualmente, el plan de usos está pendiente de aprobación inicial, una fase a la que seguirá un mes de exposición pública durante la que los ciudadanos pueden presentar alegaciones, recordó un portavoz del distrito.
El manifiesto vecinal hace una crítica al "modelo de Barcelona que está imponiendo el Ayuntamiento" y denuncia que prevalece el interés por "atraer turistas e inversores" "a costa" de los derechos de los ciudadanos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005