El principado de Andorra se verá obligado a partir del próximo 31 de diciembre a gestionar sus residuos. La Generalitat no quiere que el vecino país siga trasladando los escombros procedentes de la construcción, principalmente tierras y rocas, a vertederos ubicados en municipios de la comarca del Alt Urgell.
Desde hace años, cada día cruzan la frontera hispano-andorrana unos 400 camiones cargados de escombros. Su destino es alguno de los vertederos que proliferan en el área de influencia de La Seu d'Urgell, en terrenos particulares o municipales. El Departamento de Medio Ambiente ha clausurado en el último mes 10 de estos vertederos al detectar irregularidades, como la presencia de residuos no autorizados.
Hasta ahora eran los ayuntamientos los que autorizaban estos vertidos, con el pretexto de que significaban una mejora para las fincas. A partir del próximo mes será la Generalitat la que controlará la entrada de camiones con escombros de Andorra. Representantes de los gobiernos español, catalán y andorrano acordaron ayer en Lleida que a partir del 31 de diciembre se considerará extinguido el convenio que permitía la exportación de estos materiales, lo que obligará a Andorra a absorberlos gradualmente en su territorio.
Hasta entonces, para no perjudicar la actividad constructora en Andorra, la Generalitat autorizará la entrada de piedras para la elaboración de áridos, mientras que las tierras se depositarán en dos vertederos de Ribera de l'Urgellet. La Generalitat aprobará una normativa para regular la entrada de tierra destinada a la mejora de fincas y establecerá un punto de control en la aduana de La Farga de Moles.
Montserrat Tura, consejera de Interior, anunció ayer que se intensificarán los controles policiales de los camiones que transporten residuos de Andorra. "No es aceptable que a otro país se le permita aquello que no está permitido a los ciudadanos o empresas de Cataluña", sentenció.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005