El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido aseguró ayer que no ve motivos para la denuncia por prevaricación que el PP ha anunciado que presentará contra él en el Tribunal Supremo, por el caso Majadahonda, ya que en el decreto que ordena investigar los hechos ha tenido "mucho cuidado en no plantear la responsabilidad penal de nadie" y en "no prejuzgar ninguna culpabilidad".
No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a la que podrían salpicar las investigaciones insistió ayer en que las irregularidades urbanísticas denunciadas en Majadahonda (Madrid) responden a "una maniobra política a la que irresponsablemente se presta el fiscal del Estado, y eso podría constituir delito de prevaricación".
Conde-Pumpido declaró ayer que la Fiscalía recibió una denuncia sobre un asunto que afecta al Ayuntamiento de Majadahonda, la pasó a su Secretaría Técnica y se remitió al órgano competente, en este caso, la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal general explicó que en el caso concurren una serie de circunstancias como la naturaleza del delito, la relevancia de las personas que puedan estar afectadas y la importancia económica del asunto, todo lo cual atribuye la investigación a la Fiscalía Anticorrupción de manera obligada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005