La investigación judicial sobre una parte del caso Majadahonda ya está en marcha. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Majadahonda, Luis Aurelio González, ha pedido a Pammasa (empresa propiedad al 100% del Ayuntamiento de Majadahonda) que le facilite "todos los convenios urbanísticos y acuerdos municipales" relacionados con los trámites seguidos para urbanizar el solar sobre el que se levanta el hospital Puerta de Hierro.
Pammasa, empresa a través de la cual el Ayuntamiento de Majadahonda gestiona su suelo, se halla bajo sospecha. El PSOE vincula algunas de las operaciones hechas a través de Pammasa con la carestía de casas sociales que existe en esta localidad y con la reciente dimisión del anterior alcalde, Guillermo Ortega, del PP.
Durante años, Majadahonda ha canalizado a través de Pammasa sus operaciones urbanísticas y el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. La difusión de una conversación grabada entre Ortega y su sucesor al frente de la alcaldía, Narciso de Foxá, ha desatado un escándalo. En ella, Ortega indica que había hablado con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y que ésta le había dado instrucciones para que dos parcelas municipales fuesen cedidas a terceros través de Pammasa y no, como pretendía Ortega, mediante un acuerdo del pleno municipal. En la grabación también sale a relucir el ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, quien mantiene gran amistad con el responsable de la firma Afar-4, beneficiaria de operaciones de Pammasa.
Pero lo que el Juzgado de Instrucción 3 de Majadahonda ha pedido ahora es la documentación sobre una operación en la que también está de por medio Pammasa y que tiene relación con la cesión de derechos para conseguir dinero con el que urbanizar el solar en el que se va a levantar el hospital de Puerta de Hierro. El juez acaba de pedir esta documentación dentro de las pesquisas que desarrolla en el marco de la denuncia que interpuso el PSOE ante la fiscalía de Madrid el verano pasado. La fiscalía puso su aval a la denuncia y la remitió a los juzgados de Majadahonda.
En síntesis, el PSOE denuncia cómo Pammasa había cedido a terceros supuestos derechos para edificar viviendas de precio libre cuyas plusvalías serían utilizadas luego para urbanizar el solar del hospital. Como había que urbanizar la parcela y Pammasa no disponía de recursos, optó por ceder a terceros supuestos derechos para hacer casas de precio libre.
Pocas casas sociales
Tanto la ley como el planeamiento urbanístico de Majadahonda establece que el 50% de las viviendas que se hagan deben ser sociales. Al ser el 100% de sus acciones de titularidad municipal, Pammasa tiene la obligación de hacer sólo viviendas sociales en los terrenos que le son cedidos por el Ayuntamiento, según afirman fuentes jurídicas.
Para urbanizar el solar, Pammasa, según la denuncia, recibió parcelas del Ayuntamiento y, en un concurso restringido, cedió sus supuestos derechos para hacer casas de precio libre. "Vendió derechos que no tenía, pues Pammasa, cuando recibe parcelas públicas, es para hacer casas sociales", señalan fuentes jurídicas. "Al eludir su obligación de construir casas sociales y haber estado cediendo derechos para levantar casas de precio libre, el resultado final es que en Majadahonda apenas se han hecho viviendas protegidas", añaden. La fiscalía de Madrid está, junto con el PSOE, personada en las diligencias 1417/2004 que lleva el Juzgado de Instrucción 3 de Majadahonda.
El juez ha pedido los convenios urbanísticos y acuerdos municipales relacionados con la urbanización del solar hospitalario para comprobar si se cumplió la ley en los trámites y averiguar por qué, al final, la citada urbanización costó al Ayuntamiento casi el triple de dinero presupuestado inicialmente. Es decir, los casi 15 millones de euros previstos inicialmente se convirtieron luego en casi 39, según la denuncia.
Fuentes judiciales no descartan que este juzgado, por acumulación, pueda hacerse cargo finalmente de la reciente denuncia que ha presentado el PSOE ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en relación con la supuesta corrupción urbanística que ha salido a la luz tras conocerse el contenido de la conversación grabada entre el anterior y el actual regidor de Majadahonda. Conde-Pumpido ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de esta segunda denuncia. El PP ha anunciado que interpondrá una querella contra el fiscal general por prevaricación "y actuar siguiendo directrices políticas del PSOE".
El secretario general del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, pidió ayer al PP respeto para las instituciones del Estado, para la fiscalía y para los tribunales. "Dejemos actuar a los tribunales para que se aclaren todas las circunstancias en torno a la trama especulativa inmobiliaria", dijo. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, también pidió al PP "que se tranquilice" y respete "el funcionamiento de las instituciones del Estado".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005