La Diputación de Guipúzcoa teme que en las obras de la variante de Pasaia -la conexión de la N-I con la autopista A-8 en dicho municipio- se repitan las mismas penalidades que acumuló el desdoblamiento del puerto de Etxegarate, una obra maldita que se abrió a comienzos de 2003 con un retraso de 20 meses y un sobrecoste de cinco millones de euros. El enlace de Pasaia camina por los mismos derroteros. La institución foral ha decidido paralizar las obras tras recibir de las empresas adjudicatarias una nueva petición para alargar los plazos y aumentar el presupuesto de los trabajos.
La variante de Pasaia debió abrirse al tráfico en julio de 2004. Sin embargo, la unión de empresas (UTE) formada por Gedi, Sukia, Asfaltos Naturales del Campezo y Olabarri solicitó dos meses antes de esa fecha una modificación del proyecto que suponía ampliar el plazo hasta agosto de este año y aumentar en 6,6 millones el coste inicial de la obra, adjudicada en abril de 2002 por 33 millones, un 16% por debajo del presupuesto de licitación.
El portavoz foral, Koldo Azkoitia, explicó ayer que la Diputación aceptó entonces esas condiciones, pero ante la imposibilidad de cumplirlas, las constructoras han vuelto a dirigirse a la Diputación para negociar un plazo más amplio y un gasto adicional. En esta ocasión, el ente foral ha rechazado la solicitud y aceptado la rescisión del contrato que plantearon las propias empresas.
Las máquinas no trabajan en la variante de Pasaia desde hace una semana. Azkoitia aseguró que las obras saldrán de nuevo a licitación con la máxima urgencia posible para tratar de que la paralización de los trabajos tenga la menor afección posible en el tráfico.
La variante de Pasaia, de 3,5 kilómetros de longitud, recogerá los vehículos de la N-I procedentes de Rentería y los llevará hacia San Sebastián por la A-8 sin atravesar Pasaia Antxo, que ahora soporta una alta intensidad de tráfico.La variante de Pasaia y Etxegarate tienen mucho en común. Además de ser infraestructuras de una gran complejidad técnica, se da la coincidencia de que tres de las empresas implicadas -Gedi, Sukia y Asfaltos Naturales de Campezo- han ejecutado ambas obras. En el caso del desdoblamiento de la N-1 en Etxegarate, la Diputación se vio obligada a imponer sanciones a las empresas, que reembolsaron 1,2 millones por la demora.
Con la variante de Pasaia no se ha llegado a ese extremo. El diputado para las Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, explicó ayer en las Juntas Generales que las adjudicatarias no continuarán con su trabajo. Informó de que inicialmente reclamaron un incremento del 51% sobre el coste inicial (33 millones), aunque la Diputación sólo aceptó un sobrecoste del 19,95% (6,6 millones). Posteriormente, en febrero pasado, volvieron a solicitar otros 11 millones, una pretensión que fue rechazada por la institución foral. Ante esta negativa, ambas partes acordaron dar por resuelto el contrato.
Zuriarrain confió en que dentro de tres meses estén redactadas las bases del nuevo concurso, de tal forma que las obras podrían estar acabadas durante el año que viene. Todos los partidos apoyaron ayer la decisión de resolver el contrato porque "no se puede jugar con el dinero público", según coincidieron en señalar varios portavoces.
Lore-Toki
Por otro lado, el portavoz de la Diputación se felicitó por la decisión del Gobierno vasco de autorizar la contratación de las obras de dos tramos de la Y ferroviaria vasca a su paso por Guipúzcoa frente la "inacción y la pasividad" del Ejecutivo central, responsable de ejecutar el proyecto ferroviario. Azkoitia volvió a reclamar a Madrid un mayor compromiso en la construcción de "infraestructuras básicas" para esta provincia, como el tren de alta velocidad, el aeropuerto de Hondarribia y el puerto exterior de Pasajes.
El Consejo de Diputados también acordó la elaboración de un "proyecto integral de ordenación estratégica" del corredor Rekalde-Hernani con la finalidad de "controlar el proceso de ocupación del suelo". Precisamente, en esta zona está ubicada la parcela de la yeguada militar de Lore-Toki, recientemente adquirida por el Ayuntamiento de San Sebastián, y donde el alcalde, Odón Elorza, quiere construir 1.400 viviendas de protección oficial.
Azkoitia afirmó que las actuaciones urbanísticas previstas en este ámbito afectan a varios municipios (Hernani, Usurbil, Lasarte-Oria y San Sebastián), por lo que su aprobación debe tener un enfoque comarcal y supramunicipal. Aseguró que la idea es lograr una "ocupación racional del territorio" y negó que la iniciativa de la Diputación haya surgido a raíz del anuncio de Elorza de transformar la pradera verde de Lore-Toki en un polígono residencial con zonas para el esparcimiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005