La Diputación de Vizcaya aseguró ayer que el Tribunal Superior vasco se ha "extralimitado" y ha invadido sus competencias al declarar ilegal la construcción de 97 chalés en un área protegida de Barrika. La institución foral afirmó que ha cumplido la ley en este asunto, pese a que la sentencia califica de "arbitraria" la modificación del planeamiento. "El juez se ha equivocado", sostuvo ayer el diputado de Urbanismo, el peneuvista Patxi Sierra-Sesumaga, en un debate al respecto en las Juntas.
La recalificación como suelo urbanizable de 19 hectáreas en la zona conocida como Barrikabaso llegó ayer a las Juntas Generales de Vizcaya. El asunto se remonta a 1987, cuando empezaron los intentos de urbanizar esta zona de 65 hectáreas pegadas a la costa. Estas tentativas han tenido desde entonces el impulso del Ayuntamiento de Barrika e incluso de la Diputación, que en 1990 firmó un convenio con el consistorio y los promotores para construir 349 chalés. En estos 17 años, el Departamento de Medio Ambiente siempre ha defendido el alto valor de este paraje.
El asunto llegó a los tribunales en 1998 después de que la Diputación aprobase cambiar la calificación existente de suelo no urbanizable de especial protección al de urbanizable. El Superior ha considerado dos veces ilegal la modificación: primero en 2001 por motivos formales y la segunda, el pasado noviembre, al estimar que no hay dudas del interés natural de la zona. Este último fallo ha sido recurrido al Supremo de manera conjunta por la Diputación y el Ayuntamiento.
Sierra-Sesumaga rechazó ayer cualquier incumplimiento de la ley porque las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco, aprobadas en 1997, no incluyen este área como protegida. Aseguró que los informes contrarios de Medio Ambiente no se han incluido en las DOT y que son "documentos internos" sin "la virtualidad jurídica que se pretende".
El diputado de Urbanismo consideró "equivocada" la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, a la que achacó que haya actuado "más allá de la labor de control de la Administración" al ejercer "labores de planificación urbanística". El diputado se preguntó si en este asunto se han "equivocado todos: la Jefatura de Costas, el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno", instituciones que aprobaron las DOT. Justificó así el recurso ante el Supremo: "No estamos de acuerdo. Si no, sería dejación".
Ezker Batua, el grupo que llevó el asunto a las Juntas, reclamó que se paren las obras en esta zona, donde ya están construidos once chalés, y alertó de las indemnizaciones multimillonarias -ahora se calculan más de 500 millones de euros- si se construyen las 97 viviendas y el Supremo confirma el fallo. El PP criticó que "se desacredite" la sentencia y los informes de Medio Ambiente y el PSE aseguró que "está claro" que la zona es de alto interés natural.
Txipio Bai, el grupo ecologista que presentó la demanda, replicó ayer que las DOT no recogen todas las áreas protegidas. "Por ejemplo, no están los parques naturales", dijo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de marzo de 2005