El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero respetará el término que cada autonomía quiera poner en su Estatuto como signo de autoidentificación (nación, nacionalidad, región...). A la vez, el Ejecutivo socialista defenderá que en la reforma de la Constitución se incluya la enumeración de las comunidades autónomas siguiendo el orden cronológico de aprobación de los respectivos estatutos de autonomía, sin alterar lo que dispone el artículo dos de la Norma fundamental. Así lo manifestó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI que presentó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall.
La Constitución citará las comunidades por orden de aprobación de sus estatutos
Zapatero propone que la reforma de los estatutos cuente con un apoyo mínimo de dos tercios
Jordi Sevilla defiende un Senado de representantes de Ejecutivos autónomos y senadores electos
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De este modo, el Gobierno pretende "cerrar el mapa autonómico" que abrió la Constitución y cerrar, también, el debate sobre si debe retocarse o no el artículo dos de la Constitución, que define a España conformada por nacionalidades y regiones.
Además de la denominación de las comunidades autónomas, el ministro se definió también sobre otra de las cuatro reformas de la Constitución que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso en su debate de investidura, la del Senado.
Jordi Sevilla propone una Cámara alta que, tras la reforma, tenga una composición mixta entre representantes directos de los Gobiernos autonómicos y senadores elegidos, al estilo de la actual Comisión General de Comunidades Autónomas que ya funciona en el Senado desde 1996 y aprobada en la reforma del Reglamento de la Cámara alta de septiembre de 1994.
Proteger la igualdad
También adelanta que el Senado "proteja los hechos constitucionales como son las diferencias identitarias y la solidaridad e igualdad entre los ciudadanos". Avanza, asimismo, que debe constituirse en "Cámara de primera lectura para las iniciativas parlamentarias de contenido territorial". Y propone, en definitiva, que el Senado se convierta, tras la reforma, en lugar de encuentro y negociación entre las comunidades autónomas y entre éstas y el Gobierno central.
En cuanto a las reformas estatutarias, el ministro de Administraciones Públicas plantea que "no se pueden reformar las reglas de juego sin un amplio consenso, que podríamos cifrar en los dos tercios". Esto es, que propone generalizar la propuesta que Zapatero hizo para la revisión del Estatuto vasco, en Bilbao, el pasado 14 de abril. La fórmula de los dos tercios ya la recoge el Estatuto de Cataluña, por ejemplo.
También rechaza que las reformas estatutarias sean un instrumento para reformar la Constitución, en alusión a lo que intentó el llamado plan Ibarretxe. "No es a través de una propuesta de reforma estatutaria que trae a las Cortes Generales un Parlamento autonómico como se reforma la Constitución", dijo.
Aunque compromete a su Gobierno a que las leyes orgánicas no vulneren competencias de las comunidades autónomas, Sevilla rechaza también que las autonomías puedan cambiar leyes orgánicas del Estado desde la reforma de sus estatutos. "No puede haber más LOAPAS, ni hechas desde las comunidades autónomas contra el Gobierno central, ni viceversa", dice el ministro en referencia a la ley de armonización autonómica declarada inconstitucional en 1983.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de abril de 2005