Gran parte de España está seca. Es un problema que se presenta periódicamente, pero que se olvida en tiempos de bonanza. En los primeros cuatro meses del año ha llovido un 22% menos que la media recogida en el mismo periodo entre 1993 y 1995, cuando hubo una gran sequía. Los progresivos problemas de abastecimiento pueden llegar al ámbito doméstico a finales de septiembre, pero los efectos ya se dejan sentir gravemente en la agricultura e industria.
El Gobierno anunció ayer una serie de medidas urgentes, entre las que figura agilizar un plan de obras en desalinizadoras y modernización de regadíos. A estas alturas el remedio inevitable son las restricciones. El mayor consumidor de agua es la agricultura, un 73% del total. Ahí es donde se interviene en primer lugar, tanto para salvar un mínimo de regadío como para evitar el despilfarro. Paralelamente se deberán tomar decisiones para resarcir a los agricultores de la pérdida de cosechas que en algunos sectores, como el de herbáceos y remolacha, son ya irremediables. En Cataluña se ha activado el primer nivel de un plan de emergencia con limitaciones en el riego agrícola y consumo suntuario u ornamental. En Murcia se ha bajado la presión del agua del grifo y se han suprimido las duchas de las playas. En Huesca no hay agua en las piscinas públicas. Algunas de estas medidas afectan a caudales ridículos de agua, pero tienen un efecto pedagógico sobre la población, que no es consciente, ni por sus hábitos de consumo ni por los precios que paga, de que las lluvias no están garantizadas.
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Estos próximos meses se volverá a hablar mucho del agua. El problema es que, en el caso de que se produzcan las esperadas lluvias otoñales, todo se olvide hasta la próxima situación crítica. No podemos permitirnos dar otro carpetazo y aguardar mansamente a que, dentro de unos años, se repita una sequía con la ferocidad de este año y nos encuentre desprevenidos. Es una obligación de las administraciones y de los ciudadanos. La construcción de grandes obras hidráulicas cuya función sea el almacenamiento cautelar no parece el mejor remedio, aunque deberá estudiarse el mapa de los déficit. La mejora tecnológica de los regadíos debe implantarse con urgencia. Y, sobre todo, hay que establecer una nueva cultura que racionalice los consumos, administre solidariamente el agua y penalice su despilfarro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de junio de 2005