La junta de gobierno local y la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz concedieron desde febrero de 2004 hasta junio de este año un total de 22 licencias de obras en otros tantos inmuebles del casco antiguo de la capital gaditana a Servicio Inmobiliaria de Gestión SAEA, propiedad del promotor urbanístico Enrique Arroyo Nombela. Este empresario, calificado por las asociaciones de vecinos como "asustaviejas", tramitó más expedientes en este periodo que la Oficina de Rehabilitación de Viviendas de la Junta de Andalucía y que la empresa municipal de viviendas Procasa.
El PSOE vincula al promotor con el PP por un poder notarial que faculta a varios abogados y procuradores gaditanos, entre los que figura el concejal de urbanismo, José Loaiza, el primer teniente alcalde, Enrique García Agulló, y a Alfonso Pozuelo, marido de la también concejal popular Mercedes Colombo, a representar a este promotor en causas judiciales.
Arroyo fue acusado recientemente por los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios de La Viña y El Mentidero, Manuel Iglesias y Francisco Gallardo, respectivamente, de recurrir a coacciones para desalojar viviendas con rentas antiguas y bajas, ocupadas habitualmente por personas mayores.
La concejalía de Urbanismo, que dirige José Loaiza, y la junta de gobierno local, que preside la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, otorgaron en los últimos 16 meses a la sociedad que gestiona este promotor 22 expedientes de obras mayores, fundamentalmente de demolición, construcción o rehabilitación de inmuebles de viviendas.
Según informó ayer Diario de Cádiz, el balance de obras de esta empresa es el más alto de cuántas sociedades trabajan en los barrios del casco antiguo gaditano. El número de licencias aumentó en el primer semestre de 2005 con 11 expedientes urbanísticos.
Esta cifra supera los expedientes tramitados por las administraciones públicas. Ni la Oficina de Rehabilitación de Viviendas del casco histórico, dependiente de la Junta de Andalucía -que lleva seis años interviniendo en miles de infraviviendas gaditanas con condiciones infrahumanas de habitabilidad- ni la empresa municipal de viviendas Procasa han sumado esta ingente cantidad de obras.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, declinó ayer contestar a las preguntas de la prensa sobre este asunto y se remitió a las explicaciones del gobierno local, del PP. En su lugar, intervino el senador del PP y teniente alcalde de Hacienda y Patrimonio, José Blas Fernández, quien no ofreció ninguna explicación sobre la concentración de licencias de obras de este promotor sobre inmuebles de viviendas que gestiona en el casco antiguo de Cádiz. El dirigente popular ofreció una respuesta vaga sobre este asunto y dijo desconocer la tramitación de estos expedientes. "Si ha conseguido las licencias de forma ilícita e ilegal ahí están los tribunales. Si las ha conseguido legalmente con todos los beneplácitos que manda la administración y la ley... yo no voy a dejar entrever nada. Ni lo defiendo ni... ni quito ni pongo rey", dijo.
El diputado nacional del PSOE por Cádiz y portavoz municipal socialista, Rafael Román, sostuvo que estas cifras demuestran que Enrique Arroyo es "el dueño de Cádiz y un poder fáctico de la ciudad". Para Román, es "muy llamativo" que este empresario maneje más operaciones inmobiliarias en la capital gaditana que cualquier otro promotor o incluso que cualquier administración pública. "Estos expedientes demuestran que maneja una cantidad de dinero y fincas absolutamente desconocida en la ciudad de Cádiz", sostuvo el portavoz del PSOE, quien espetó: "Sus operaciones superan con creces a cualquier persona o institución. Sus redes de información deben ser importantísimas y muy poderosas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005