El optimista panorama descrito la semana pasada por la ministra de Medio Ambiente respecto a la reducción de los incendios forestales se ha revelado prematuro. Los datos hasta agosto, con una reducción de más del 60% de la superficie quemada respecto a la media de la década anterior, parecían confirmar la eficacia de las medidas adoptadas como consecuencia de la catástrofe de Guadalajara del verano pasado. Pero los incendios del fin de semana demuestran que nada puede darse por definitivo en algo sometido a demasiados imponderables, incluyendo la maldad o el desvarío incendiario de algunas personas.
Avivados por condiciones meteorológicas favorables, en particular la combinación de calor extremo y fuerte viento del Noreste, los incendios han afectado especialmente a Cataluña y sobre todo Galicia, donde ya se han registrado tres víctimas mortales. En esta última comunidad estaban activos a primera hora de la tarde de ayer 87 incendios, casi todos en A Coruña y Pontevedra, con amenaza para bienes y personas en algunos casos. La situación fue considerada lo suficientemente grave como para que la Xunta solicitara la colaboración del Ejército para participar en tareas de "patrullaje con fines preventivos y disuasorios", según informó ayer el Gobierno. Disuasorios, porque las primeras investigaciones indican que la inmensa mayoría de estos incendios han sido intencionados: unas veces por negligencia y otras, las más, por decisión criminal.
Nada de esto es nuevo, pero sería de agradecer que a la reiteración de la noticia no siguiera el habitual intercambio de acusaciones entre partidos. A estas alturas, todos ellos han fracasado en los intentos de acabar con esta plaga. Por lo mismo, también sería deseable evitar la inercia de suponer que existe una fórmula que a nadie se le había ocurrido capaz de resolver el problema. Las causas están muy estudiadas y las soluciones son conocidas. Se trata de aplicarlas con perseverancia, en periodos largos y no a golpe de telediario. Si en algún momento pudo pensarse que la legislación se había quedado rezagada, las reformas en la Ley de Montes y en el Código Penal han reforzado este aspecto. Lo que faltan son medios de investigación capaces de aportar pruebas. Aunque ayer se interrogó a varios sospechosos en Galicia, de los miles de procedimientos abiertos desde los años noventa contra presuntos pirómanos apenas han resultado unas decenas de condenas.
También hace falta romper la coraza de silencio que sigue protegiendo en las zonas rurales a los incendiarios por interés o negligencia. La prueba es que en las comarcas con bosques comunales de los que obtienen beneficios los vecinos nunca se producen incendios. Hay que interesar a la gente en cada municipio, y también racionalizar el empleo de los medios humanos disponibles a lo largo de todo el año: por ejemplo, limpiando el bosque en primavera para evitar la maleza seca que favorece la rápida extensión del fuego.
Cerca de dos tercios del total de bosque destruido en la UE por el fuego desde 1980 corresponden a la península Ibérica. Pese a ello, los bosques todavía ocupan más de la mitad de la superficie de España. Conservar esa riqueza concierne a todos. Porque es falso que el bosque se queme; son los hombres los que lo hacen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de agosto de 2006